Trabajo estudiará la posibilidad de regularizar a los inmigrantes que no puedan ser expulsados

Caldera anunció esta posibilidad tras la Conferencia Euroafricana de Inmigración que se desarrolló los días 10 y 11 de julio, en Rabat, Marruecos. La medida afectaría a, al menos, miles de subsaharianos irregulares considerados “inexpulsables”, porque después de 40 días de internamiento tras arribar a suelo español quedaron en libertad con situación irregular sin poder ser reenviados a sus países. Ello, porque resulta difícil demostrar su procedencia y sus países no mantienen con España tratados de repatriación, es decir, que no reconocen a sus nacionales.

Caldera anunció la posibilidad de regularizarlos tras la conferencia de clausura del encuentro que 30 países europeos, 25 africanos y 15 organizaciones internacionales mantuvieron en Rabat, Marruecos. La cumbre buscaba acordar medidas para controlar los flujos migratorios hacia Europa. De allí surgió una declaración política y un Plan de Acción –que se propondrá como ejemplo a la Unión Europea-, el cual contiene 60 medidas, que un comité de seguimiento velará para que se cumplan. En la declaración las partes reunidas reconocieron que las necesidades económicas y el desarrollo deficiente causan que las personas emigren hacia zonas más prósperas.

Respecto a los permisos a inmigrantes inexpulsables, Caldera aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a «estudiar» esta posibilidad en el «futuro». Ello, porque los millares de extracomunitarios a los que se les permite quedarse –e incluso se les traslada a la península desde Canarias- se encuentran en una «situación indefinida», en un «limbo legal».

En la delegación española que viajó a Marruecos nadie sabía con exactitud a cuántas personas afectaría la medida, de prosperar. Pero sí informaron que 11.155 subsaharianos llegaron a Canarias durante el primer semestre de 2006. Este tipo de concesiones de permisos extraordinarios están recogidas, según habían adelantado fuentes de la delegación, en la disposición adicional primera del reglamento de la ley de extranjería. Una cláusula que faculta al Consejo de Ministros y la Secretaría de Estado para la Inmigración para aprobar legalizaciones en casos acomunes. El artículo 45.5 del reglamento de la ley de Extranjería contempla la posibilidad de ofrecer la documentación necesaria para permanecer en España legalmente «por motivos humanitarios». Situación que sufren alrededor de 30.000 personas en todo el Estado.

El espíritu del anuncio de Caldera contrasta, al menos, con la exigencia a los países africanos de que firmaran convenios de repatriación con Europa. Los representantes europeos en Marruecos habían insistido en la necesidad de luchar contra la entrada irregular de personas provenientes de África. En esta línea, habían pedido a los africanos que suscribiesen acuerdos de readmisión de emigrantes sin permiso de entrar a la UE, algo que muchas de sus opiniones públicas rechazan. Al final, casi todas las representaciones africanas se comprometieron a colaborar con la repatriación.

No son nuevos los reclamos de regularización de inexpulsables. A principios de año las organizaciones no gubernamentales Murcia Acoge y Desobedecer la Ley-Convivir sin Racismo habían exhortado al delegado del Gobierno murciano, Ángel González, a regularizar a tres mil inmigrantes en esta región.

«Acoger sin regularizar ni entregar documentación sólo sirve para que estas personas comiencen a buscarse la vida a partir del décimo sexto día de estancia en España, alojándose en infraviviendas, sin derecho a la asistencia sanitaria por carecer de papeles y sin posibilidad de ser contratados legalmente para trabajar, con problemas incluso para reclamar impagos empresariales», habían advertido desde esas organizaciones.