Poco más de las cien mil personas mayores de 65 años tienen en España un empleo remunerado pese las políticas de incentivos aplicadas en los últimos años para retrasar la edad de jubilación. La reforma del sistema de pensiones que los agentes sociales y el Gobierno han pactado -pediente aún de la firma, que tendrá lugar el próximo jueves, día 13- prevé nuevos e importantes incentivos para extender la edad de retiro más allá de la edad legal -65 años-, a los que los expertos vaticinan poco éxito. Entre esos alicientes destaca el incremento de la pensión en un 2% por cada año de permanencia en el mercado laboral, que se suma al ya existente desde hace cinco años de exención de cotizaciones.
Los expertos coinciden en que el retraso de la edad de jubilación es una necesidad ineludible a medio y largo plazo de los sistemas públicos de pensiones, tal como están concebidos en estos momentos en Europa. La causa en esta ocasión, más que a la crisis de natalidad, hay que atribuirla a la elevada esperanza de vida conseguida en las sociedades occidentales, que se sitúa para las personas que han cumplido los 65 en más de 83 años. Es decir, a una carrera de cotización de 35 años -mínimo para conseguir una pensión ‘completa’- corresponde como media un derecho a pensión de 18 años, y la cifra sigue en aumento.
Prolongar la edad de la jubilación es una de las medidas que están abordando la práctica totalidad de los gobiernos europeos en las reformas de sus respectivos sistemas de pensiones, por diferentes medios. En unos casos, se opta por retrasar la edad legal de retiro (Italia, Alemania, Reino Unido, Austria…) hasta más allá de los 65 años; en prácticamente todos los países se penaliza la jubilación anticipada antes de esa edad, con diverso éxito hasta la fecha; y también se intenta la vía del retraso voluntario, con la esperanza de que esta fórmula evite o demore actuaciones legales más drásticas.
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