Trabajo espera firmar el acuerdo pensiones en los próximos días

El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, ha asegurado que el Gobierno y los agentes sociales firmarán «en los próximos días» el acuerdo para la reforma de la Seguridad Social, consensuado el pasado 30 de mayo entre el Ejecutivo, la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT.

En su participación en el Foro «Por una sociedad inclusiva», organizado por el PSOE, Gómez dijo que el Gobierno está satisfecho con los resultados obtenidos con el diálogo social, un proceso que ha tenido «luces y sombras» pero del que «hoy estamos en disposición de poder enseñar algo desde España».

Recordó que para el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, el diálogo social «no es un instrumento, sino un fin».

Su «convicción» en el proceso demuestra la confianza que tiene en la responsabilidad de los agentes sociales, una actitud que, no obstante, conlleva «un cierto riesgo», reconoció Gómez, porque «no hay Gobierno que pueda asegurar que no va a gobernar», como hizo Zapatero al suscribir la Declaración del diálogo social (2004).

Dos años después, «el resultado es para nosotros muy importante» porque «el proceso ha avanzado sin aspavientos ni desasosiego, pero sin dejar a nadie atrás» y logrando importantes acuerdos.

Ayer mismo, recordó, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de Igualdad que es «emblemático» y que cubrirá «importantes lagunas en el tratamiento equitativo» de hombres y mujeres, tanto en la vida pública como en la privada.

Además, tras dos años de negociación, el Gobierno, la patronal y los sindicatos acaban de firmar la reforma laboral que pretende combinar el ritmo de creación de empleo con políticas que aumenten la estabilidad.

El Ministerio de Trabajo, no obstante, está «especialmente ilusionado» con la futura ley de ayuda a las personas dependientes que servirá para crear un sistema de atención «digno», aunque «insuficiente», reconoció.

El primer acuerdo del proceso, recordó, fue el que consiguió regularizar la inmigración irregular en España, un ámbito que nunca antes había estado en la agenda del diálogo social.

El acuerdo vinculó la regularización con el mercado laboral y, con ello, legalizó la situación de 600.000 personas quienes, además, hoy siguen cotizando a la Seguridad Social, dijo.