El Gobierno estima que la reforma laboral logrará reducir la tasa de temporalidad en el empleo en unos seis puntos, desde el 33,3% hasta cerca del 26,5%. El Ministerio de Trabajo prevé que los cambios consensuados con la patronal y los sindicatos permitirán que, «al menos», un millón de empleos eventuales pasen a ser indefinidos. Y ello supondría una rebaja del 20% respecto a los casi cinco millones de contratos temporales que hay ahora.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores con las que espera beneficiar a 250.000 parados y un millón de trabajadores temporales. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se mostró convencido de que la reforma será un duro golpe para la precariedad y cambiará la cultura de la contratación en todo el país. «Queremos reunificar el mercado laboral para que no haya dos categorías de trabajadores, los fijos y los temporales», sostuvo.
Caldera hizo un especial esfuerzo por defender la reforma ante las críticas que la acusan de ser tímida e insuficiente. Los cambios, afirmó rotundo, son ambiciosos, van dirigidos especialmente a mujeres y jóvenes, y compaginan la flexibilidad para las empresas y la seguridad de los trabajadores, necesarias para mantener el crecimiento económico y la creación de empleo.
El responsable de Trabajo instó a los empresarios a contratar «masivamente» a trabajadores indefinidos. Les recordó que la reforma incluye un plan de choque que se extenderá desde el 1 de julio hasta fin de año y que pretende convertir 400.000 empleos eventuales en fijos a través de bonificaciones.
Los empresarios que efectúen esta transformación con contratos anteriores al 1 de junio recibirán a partir de 31 de diciembre 800 euros al año y durante un periodo de tres ejercicios. A partir de entonés será «más barato» emplear a un trabajador indefinido, porque todas las ayudas se centrarán en este tipo de contratación.
Caldera afirmó que el coste de la reforma es en realidad una «inversión», ya que se recuperará con creces gracias a la creación de empleo de calidad y a las mayores aportaciones a la Seguridad Social. De los 4.000 millones de euros presupuestados, unos 2.700 millones corresponden a los que ya se utilizan para impulsar el empleo estable.
La rebaja de las cotizaciones empresariales y al aumento de las prestaciones de paro y del Fondo de Garantía Salarial supondrá otros 1.294 millones (870 millones este año, por sólo abarcar seis meses). El abaratamiento de los costes laborales no salariales para los empresarios se situará entre el 3% y el 4%.
El Gobierno ha aprobado la reforma laboral, que suscribió con los agentes sociales el pasado 9 de mayo en La Moncloa, mediante un decreto ley, con lo que entrará en vigor el 1 de julio y luego pasará el trámite parlamentario para que los partidos puedan modificarla. Caldera ha reclamado a los diputados que «respeten íntegramente» el texto. «Si no para qué habrán servido 14 meses de negociación», se cuestionó.
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