El responsable de negociación colectiva del sindicato nacionalista ELA, Adolfo Muñoz, ha asegurado hoy que la reforma laboral acordada ayer por el Gobierno, la CEOE y CC.OO. y UGT supone «un fraude» a los trabajadores, así como «un parche más» a «una reforma inacabada» del mercado de trabajo.
El representante de ELA afirmó desconocer «la redacción final» del documento, aunque calificó de «muy negativo» su contenido, «en función del goteo de información que se ha venido dando estas últimas semanas».
Para Muñoz, la reforma es «un fraude a los trabajadores y trabajadoras; es una nueva transferencia de renta a los empresarios». «Es -prosiguió- un parche más de una reforma inacabada del mercado de trabajo que, una vez más, beneficia a los empresarios. La patronal, siempre desde una posición de privilegio, ha vuelto a condicionar una nueva reforma laboral para seguir lesionando derechos de los trabajadores y trabajadoras. La patronal, desde luego, tiene que estar encantada».
A su juicio, el objetivo de lo acordado es «dar un paso más para convertir en eventual todo el empleo, indistintamente de cómo se le llame al contrato, por la vía de la reducción de las indenmizaciones». En este sentido, criticó que tanto CC.OO como UGT acepten «la generalización de un despido improcedente más barato».
Por su parte, Carles Campuzano, portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso de los Diputados, ha señalado hoy que, aunque el acuerdo sobre la reforma laboral alcanzado entre Gobierno, sindicatos y patronal va en la dirección adecuada, esta es «extremadamente tímida» e «insuficiente», porque no aborda con medidas «de fondo» las necesidades del mercado de trabajo.
Campuzano afirma que CiU echa en falta medidas dirigidas a las pymes y a los autónomos, así como una apuesta más decidida por la generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida para convertirlo en contrato ordinario indefinido.
La formación nacionalista también apuesta por una reforma de los servicios públicos de ocupación, que permita la efectiva participación del sector privado en la intermediación, esto es, la regulación de las agencias privadas de empleo.
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