El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), José María Fidalgo, ha asegurado hoy, en la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud de los trabajadores, que sin la firma de este sindicato «no habrá acuerdo» sobre la Reforma Laboral, para la que exigió el cumplimiento de «aumentar el número de inspectores de trabajo para luchar contra el fraude y el uso abusivo en la temporalidad», entre otras reivindicaciones.
Según Fidalgo, es posible que «haya acuerdo en los próximos días, pero no tan rápido como dice Jesús Caldera, ministro de Trabajo». También denunció que en el Estatuto de Trabajadores que rige para todo el país hay «provincias con una diferencia de 20 y 25 puntos de temporalidad y un 50% de contratos temporales hechos en fraude y abuso de ley», por lo que las cláusulas del acuerdo deben contemplar el aumento de la «inspección de trabajo para reprimir estos abusos».
Otras reivindicaciones que recordó Fidalgo son «la reducción del encadenamiento abusivo de contratos en el mismo centro de trabajo; la coordinación sindical de contratas y subcontratas y transparencia en empresas principales con otras que comparten centro de trabajo; el rechazo a la reducción de garantías referidas al despido en términos económicos y administrativos; el incentivo exclusivo de la contratación indefinida y, en particular de jóvenes, y el de la conversión de contratos temporales e indefinidos».
Respecto al acuerdo en materia de Seguridad Social, el líder de CC.OO. recalcó que debe garantizar que «dentro de 10 años no corran riesgo las pensiones y que se produzca efectivamente el proceso definitivo de integración en el régimen en general, en el especial agrario y en el régimen especial de empleados de hogar». «Es así de sencillo, y no habrá acuerdo si no se cumplen estas condiciones», aseguró, añadiendo: La «Seguridad Social o la aprobamos nosotros o no la aprueba nadie».
El representante de este sindicato aseguró que la Seguridad Social «es de los trabajadores» y que «el excedente que hay en el fondo de reserva no es para pagar los programas electorales de ningún partido».
Por otro lado, criticó duramente el hecho de que el Ejecutivo vaya a realizar una «rebaja fiscal que le va a costar al Estado un billón de pesetas al año, igual que las del PP». «Con esto no llega para inspectores de trabajo ni para la Ley de Dependencia», de la que recalcó la importancia del Parlamento en su aplicación.
«El proyecto de Dependencia es del Parlamento y habrá que presionar allí y no en Madrid a Esperanza Aguirre», dijo. «Según como salga la ley, Madrid tendrá que obedecer, ya que es «un derecho subjetivo y una ley general para todo el país».
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