MADRID, 1 (EUROPA PRESS).- El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, aseguró hoy que el único «escollo» para cerrar la negociación de la reforma laboral es la subcontratación, ya que en buena parte de las materias restantes existe un cierto nivel de consenso con los agentes sociales que, a su juicio, configura un «acuerdo significativo».
«Nueve de cada diez propuestas del Gobierno son consensuables, pero hemos encontrado un escollo. El problema esencial es qué hacer con la subcontratación, cómo convertir en indefinidos contratos de obra sin afectar a la capacidad y flexibilidad de la empresa. En los demás temas hemos alcanzado un nivel de coincidencia suficiente», subrayó.
Gómez, que compareció en la Comisión de Trabajo del Congreso para dar cuenta del actual estado de las negociaciones con patronal y sindicatos, afirmó que la subcontratación es uno de los temas «nucleares» de la reforma, como también lo es extender el uso del contrato de fomento del empleo estable, cuyo coste por despido improcedente es más barato que el de un contrato indefinido ordinario (33 días por año trabajado frente a 45 días).
En ninguna de estas cuestiones el Gobierno legislará sin acuerdo, según dijo el propio Gómez, quien no obstante matizó que los sindicatos sí aceptan que las conversiones de temporales a indefinidos puedan realizarse a través del contrato de 33 días, posibilidad que no existe en la actualidad.
Al Gobierno, que desde el principio ha querido fomentar la utilización del contrato de 33 días, no le parece mal esta medida, como tampoco rechaza la petición de los sindicatos de que las conversiones de temporales a indefinidos dejen de bonificarse para que las contrataciones iniciales sean fijas y no de carácter temporal.
Además de estas aproximaciones en la política de estímulos a la contratación, que se ampliarán de dos a cuatro años, Gómez indicó que existe también un «nivel de consenso suficiente» en la reducción de cotizaciones que propuso el Gobierno y que se concreta en una rebaja inicial de un cuarto de punto en las cuotas al desempleo de los contratos fijos (medio punto a final de legislatura), y en una reducción de una décima en las cotizaciones empresariales al Fogasa, actualmente en situación de superávit.
Junto al mayor uso del contrato de 33 días, la política de estímulos y la rebaja selectiva de cotizaciones, otros dos puntos donde se han producido acercamientos con los agentes sociales son el papel de la Inspección de Trabajo y el encadenamiento abusivo de contratos temporales. En este sentido, el Ejecutivo quiere que los trabajadores que un plazo de 36 meses hayan firmado dos o más contratos temporales sucesivos con la misma empresa para trabajar por 24 meses o más adquirirán la condición de empleados fijos.
«EL GOBIERNO NO ALTERARÁ LA PAZ SOCIAL».
El secretario general de Empleo explicó que en las próximas semanas habrá un «nuevo intento» para aproximar las posiciones de las partes implicadas en este proceso, en el que, según subrayó, «el Gobierno ha participado activamente desde el principio».
Gómez insistió varias veces en que el Gobierno no impondrá la reforma sin el consenso suficiente, alegando que la paz y la concordia social son un «activo» que el Ejecutivo debe preservar. «El peor favor que podríamos hacer a este activo es hacer las cosas mal. El Gobierno no va a hacer nada por alterar esta situación», agregó.
Dos de los portavoces de los Grupos Parlamentarios presentes en el debate no se mostraron de acuerdo con que el Gobierno se quede de brazos cruzados si no se logra un acuerdo en la mesa. Así, el diputado de CiU Carles Campuzano aseguró que sería «políticamente equivocado» que no se legislara en caso de desacuerdo, en tanto que el portavoz del PP en esta Comisión, José Eugenio Azpiroz, afirmó que, si se agotan todas las vías sin llegar a ningún sitio, resultaría «indispensable» legislar.
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