La Consellería de Traballo calcula que existen 50.000 gallegos que están trabajando en otros países de la Unión Europea (UE) que podrían retornar a esta comunidad manteniendo su pensión de empresa y sin perder lo que llevan cotizando con su actual entidad.
El departamento que dirige Ricardo Varela abordará hoy en Bruselas la propuesta de Directiva para el mantenimiento de las pensiones complementarias de los trabajadores que se desplazan, una normativa que será llevada al Consejo de Ministros de este otoño y en el que el conselleiro gallego representa la postura de las 17 autonomías españolas, además de Ceuta y Melilla.
La mayor parte de estos 50.000 gallegos residen en Francia; 13.694 en Alemania; 10.101 en el Reino Unido; 2.871 en Portugal y 2.545 en los Países Bajos.
La propuesta parte del principio de que las cotizaciones a un régimen complementario de pensión, sufragado bien por el propio trabajador, bien por la empresa en nombre de su empleado, no se deben perder en caso de movilidad laboral en los ámbitos nacional o transnacional. El objetivo es potenciar la libre circulación en una época de cambio de la evolución demográfica.
En la reunión de hoy se intentará avanzar, por una parte, en las normas armonizadoras sobre las condiciones de adquisición de las pensiones complementarias. Se trata de fijar una edad mínima de 21 años para poder acceder a las prestaciones; de establecer un período de espera en la empresa de un año como máximo para la afiliación al régimen complementario y de fijar la consideración de un período de dos años para la adquisición de los derechos.
Por otra parte, se pretende avanzar en los aspectos de coordinación para mantener los derechos adquiridos y garantizar su transmisión. Así, la propuesta de Directiva busca que los trabajadores que cesen su actividad laboral en una empresa no queden penalizados por cualquiera de los regímenes que intervienen en la transferencia. Al mismo tiempo, quiere garantizar el traspaso del capital y, en su caso, su integración en un nuevo régimen complementario.
Según la Consellería de Traballo, la posición española es muy favorable a esta directiva que facilitará la libre circulación de trabajadores y la consolidación del mercado interior.
Asimismo, ayer estaba convocada otra reunión en Bruselas para avanzar en la creación de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, una iniciativa que cuenta con el respaldo de Ricardo Varela y que entraría en funcionamiento en junio de 2007.
El citado fondo servirá para subvencionar acciones que permitan la reintegración laboral de los trabajadores despedidos. Así, se fomentará con ayudas la búsqueda de nuevo puesto de trabajo y se facilitarán aquellas acciones de formación y reciclaje que permitan adaptarse a una nueva situación laboral.
El fondo también incluirá entre sus acciones subvencionables complementos de rentas temporales, asignaciones de movilidad y complementos salariales temporales para los mayores de 50 años que sirvan para compensar la aceptación de otro trabajo con un suelo inferior al que tenían con anterioridad. Para todas esta acciones la propuesta fija como máximo una aportación de 500 millones al año.
No obstante, la posición española considera que los criterios de intervención del fondos son demasiado restrictivos, por lo que tratará de mejorarlos.
Entre los criterios de intervención recogidos en la propuesta actual están los casos en los que se produzca el despido de más de 1.000 trabajadores en una empresa (incluidos indirectos, proveedores y contratas) en una provincia en la que se registre una tasa de desempleo superior a la media europea o nacional.
Otro criterio para la aplicación en una determinada zona es el que se refiere a más de 1.000 despidos, durante seis meses en una comunidad, en un sector que represente como mínimo el 1% del empleo regional.
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