Una experiencia piloto realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (antiguo INEM) en nueve provincias -Badajoz, Ciudad Real, Guipúzcoa, Valencia, Córdoba, Zaragoza, Las Palmas, Pontevedra y Salamanca desvela que el 80% de los parados reconoce no saber buscar trabajo, y el 30% se mantiene pasivo ante su inactividad profesional. El proyecto también confirmó que el principal canal para encontrar una colocación es el de los contactos personales.
El programa piloto forma parte del "Plan de Modernización de las Prestaciones por Desempleo", elaborado por el director general del organismo, Valeriano Baillo, y anunciado por el Gobierno el pasado mes de marzo.
Iniciativa privada
La actividad en las provincias elegidas consistió en una mayor atención personalizada al desempleado por parte de los trabajadores del SPE, en acordar y planificar con él la búsqueda de empleo; en vigilar e impulsar el proceso; y en ayudarle a superar las dificultades surgidas en el camino hacia su inserción laboral. Además, estaba enfocada a rentabilizar la intermediación de las oficinas públicas, que apenas casan un 11% de las ofertas y demandas existentes y a conocer cuáles son las deficiencias del organismo.
Precisamente este bajo porcentaje ha provocado que el Gobierno baraje impulsar la iniciativa privada, vía empresas de recolocación, en el sistema público de desempleo. Se trata de un sector que en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países del entorno, carece de regulación. La idea del Ministerio de Trabajo es aplicar los cambios en 2007 tras contar con el beneplácito de empresarios y sindicatos.
El proyecto para la modernización también desvela los perfiles predominantes entre los receptores de la protección. Es preciso tener en cuenta que existen cuatro clases de cobertura económica. Está la prestación contributiva, limitada pero proporcional al salario percibido cuando el parado se encontraba en activo; el subsidio a cobrar una vez agotada la modalidad anterior y en función de la situación financiera del beneficiario; la renta activa de inserción, que combina ayuda monetaria y formación; y el subsidio eventual agrario, propio de Andalucía y Extremadura.
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