Rumanos y Búlgaros se quejan por la limitación laboral de la UE

La decisión de la mayoría de los países europeos de prohibir o postergar la posibilidad de que los ciudadanos de Rumania y Bulgaria puedan trabajar en sus territorios a partir del ingreso de estos países a la Unión Europea el 1 de enero, reabrió el debate sobre las políticas migratorias en el continente.

El gobierno anunció ayer que es muy probable que se tome dos años hasta que permita el pleno ingreso de rumanos y búlgaros a su territorio, aunque los propios miembros del gobierno difirieron a la hora de explicar la medida.
Desde Moncloa, explicaron que la medida ya se tomó en la última ampliación, hace dos años, cuando se decidió frenar con esta medida una posible invasión de los ciudadanos de los países del Este que se integraban a Europa.
Así, la llegada de polacos a España fue controlada y adaptada a las necesidades del mercado laboral, según la óptica del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque desde la cartera de Trabajo entienden que se necesita mano de obra.
La decisión de España, uno de los más países más alcanzado por los flujos migratorios de Europa del Este, sería imitada por Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo.
En cuanto al Reino Unido, Londres decidió cambiar la postura implementada en 2004 -de libre acceso- por la variante de permitir el ingreso de rumanos y búlgaros que estén dispuestos a trabajar en la agricultura o en la industria de la alimentación.
En cambio, Finlandia, Eslovaquia, Estonia, Chipre y Polonia ya anticiparon que no pondrán ninguna traba para el ingreso de los trabajadores de los dos nuevos socios de la Unión Europea.
Según estadísticas oficiales, en España viven aproximadamente 350.000 rumanos y 55.000 búlgaros de manera irregular que, de implementarse esta medida, serían los más perjudicados.
Además, hay otros 60.000 búlgaros y 200.000 rumanos, que ya cuentan con permiso de trabajo en España y que el 1 de enero obtendrán otros derechos, como la posibilidad del voto.