El presidente de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, anunció hoy que su grupo presentará el próximo miércoles en las Cortes Generales una Proposición de Ley para afrontar la inmigración clandestina en la que propone modificar la actual Ley de Extranjería, con el fin de que este 'problema sea abordado de una vez y con perspectiva desde el Estado.'
El Proyecto de Ley cuenta con un paquete de medidas que se dirigen 'fundamentalmente a adaptar el marco normativo vigente a los problemas y necesidades' que el aumento de los flujos migratorios clandestinos ha puesto de relieve, e incluye iniciativas 'a implantar por el Gobierno de España con el fin de ordenar y racionalizar los flujos migratorios, reconduciéndolos al ámbito de la legalidad', explicó.
Entre otras medidas, se propone la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la persecución del tráfico ilegal de personas y adecuar los plazos y procedimientos en materia de extranjería, como son el establecimiento de restricciones para la reentrada en España de los inmigrantes que hayan sido objeto de devolución o expulsión.
También se incluye la atribución al Estado la tutela legal de los menores no acompañados sobre los que se acuerde su permanencia en España, 'sin perjuicio de que la guarda y custodia se asigne a las comunidades autónomas en el marco de una política global de cooperación entre las administraciones'.
CC pide también la modificación de la normativa reguladora de los efectos de la inscripción en el padrón municipal para impedir que se beneficie a los extranjeros que se encuentren en una situación irregular, así como la eliminación del permiso de residencia por arraigo laboral y del visado de búsqueda de empleo.
Se propone igualmente la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad para dificultar los matrimonios de conveniencia y evitar las situaciones apátridas, y se insta a establecer cupos o contingentes especiales para trabajadores africanos, 'primando especialmente a aquellos países próximos a Canarias y al sur de la península ibérica y que tengan acuerdos y relaciones estables de colaboración'.
La Proposición de Ley aboga por la creación de juzgados especializados en materia de extranjería y un paquete de medidas para fomentar la cooperación y coordinación entre las autonomías, como la obligación de comunicar a las comunidades las principales resoluciones adoptadas respecto a los extranjeros internados en centros.
Se propone también la obligación de que los centros de internamiento cuenten con unas condiciones higiénicos-sanitarias adecuadas y la legitimación de las comunidades autónomas para recurrir las resoluciones sobre extranjeros adoptadas por el Estado y el reparto equitativo de los inmigrantes.
El texto recalca la necesidad de que el Gobierno de España apruebe un plan de control de fronteras y un debate periódico en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno informe sobre este problema.
Por último, busca la adaptación por el Gobierno de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para incorporar los nuevos juzgados de extranjería y la creación de una agencia especializada para las migraciones.
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