El sector de la construcción es el que más personas emplea en la provincia con más de 96.000, según la Encuesta de Población Activa. Sin embargo, otros trabajadores desarrollan su labor en obras de toda la provincia sin ningún tipo de relación contractual. Para UGT, se trata de una realidad que se da sobre todo en obras pequeñas, pero que sirven de cobijo a miles de obreros. En concreto, y según el sindicato, en Málaga la construcción da empleo a unas 135.000 personas, lo que significa que cerca de 40.000 no tienen contrato laboral.
Este tipo de economía sumergida tiene especial importancia en el interior de la provincia, fundamentalmente en pueblos pequeños. “Urbanizaciones, casitas o diseminados en los que el control es muy complicado”, dice Manuel Mejía, responsable de la Federación de Construcción en Andalucía de UGT. “Se ha detectado un alto índice de personal sin contrato, aunque pensábamos que esta práctica estaba casi eliminada”, añade Mejía. Los obreros sin contrato suelen proceder de otros sectores de la economía, pero encuentran ahí un hueco en el que cobrar salarios importantes, aunque sin ningún tipo de derecho.
Francisco Díaz, responsable de Salud Laboral en el sector de la Construcción de Comisiones Obreras, asegura que en diversas ocasiones han “pillado” a trabajadores que no tienen contrato, pero dice que luchar contra ello “es muy complicado, porque los empresarios suelen cambiarlos de sitio cada dos o tres días”, dice el sindicalista. Además, “se juegan la vida” y “muchas veces dejan de cobrar sus salarios”.
Porque ésa es la principal consecuencia de la economía sumergida. “Es casi imposible demostrar la relación laboral del trabajador con la empresa y ahí pierden todos sus derechos”, añade Mejía. Ni Seguridad Social, ni antigüedad, ni paro, “o ni siquiera su salario, porque los empresarios pueden dejar de entregarlo en cualquier momento, porque no está registrado en ningún sitio”, rompiendo de esta manera el “pacto de caballeros” que se crea entre el empleado y su patrono. Y, “como suele ocurrir en este tipo de casos”, los mayores beneficiados son los propios empresarios “que se enriquecen indebidamente a costa de sus trabajadores”.
Tanto para Comisiones Obreras como para UGT, el problema debe ser atajado por la propia patronal. “Tienen que hacerlo, porque si no también defraudan a la Seguridad Social”, dice Manuel Mejía. Además, pide a los propios empleados que sean los primeros en denunciar los casos, para que el sindicato lo ponga en conocimiento de la Inspección de Trabajo.
El problema es que en la mayoría de los casos son inmigrantes los que trabajan como peones en las obras. “Es un drama impresionante, pero prácticamente no tienen otra salida”, dice Díaz. “Ellos sí se conforman con sueldos bajos o sin papeles porque lo necesitan para comer”. “Aquí cobran poco dinero pero significa mucho más de lo que reciben en sus países”, añade Mejías. Incluso en Comisiones Obreras denuncian la existencia de mafias que poseen los contratos “y los explotan quedándose con gran parte de su dinero”.
El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Juan Carlos Lomeña, asegura sin embargo que para los inspectores es muy difícil controlar la economía sumergida. “Es difícil sorprender en una obra a trabajadores sin contrato, salvo que sea una denuncia muy concreta”, asegura el responsable de Empleo. “Está claro que existe en mayor o menor medida, pero es muy difícil de detener, aunque eso no quita que haya que luchar para que desaparezca”, añade Lomeña.
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