Los trabajadores extranjeros cobran entre un 7,2 y un 16,3 por ciento menos que los españoles por el mismo empleo, una diferencia salarial que puede alcanzar al 30 por ciento en el caso de la economía sumergida.
Estos son algunos de los datos recogidos en el informe "Inmigración y mercado de trabajo. Propuestas para la ordenación de flujos migratorios" elaborado por CCOO y presentado ayer en rueda de prensa por el secretario general del sindicato, José María Fidalgo, y el secretario confederal de Migraciones, Julio Ruiz.
CCOO reflexiona en el documento en torno a una serie de aspectos relacionados con la materia, sobre los cuales construye luego varias propuestas en pro de una inmigración ordenada y regulada, que la central sindical hará llegar al foro tripartito constituido junto con UGT, la patronal y el Gobierno.
Para que la inmigración sea una "oportunidad" y no se convierta en un "problema", sus planteamientos giran alrededor de una serie de vectores, como la ordenación de los flujos o el refuerzo de la contratación en origen -con la sugerencia de creación de una agencia estatal de migraciones y el establecimiento de cupos anuales-, entre otras medidas, que incluyen también favorecer "fehacientemente" la economía de los países emisores.
Fidalgo enmarcó la llegada masiva de inmigrantes de los últimos años en el "boyante" ciclo económico que vive España desde hace un decenio, con tasas de crecimiento medio del PIB de un tres por ciento, con la creación en este periodo de unos siete millones de nuevos empleos y con una reducción "histórica" del paro.
"Nadie puede analizar este ciclo de crecimiento económico si no es capaz de ver la importancia del tirón" que ha supuesto la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral, subrayó.
Pese a todo, recalcó la importancia de que los inmigrantes no sean considerados como trabajadores "de segunda", sino que deben tener los mismos derechos que los autóctonos, y eso implica que deben evitarse procesos de "sustitución no deseados" en los que las empresas contratan mano de obra de origen foráneo sólo para abaratar costes.
Además, agregó, las administraciones públicas "tienen que espabilar" e invertir en una "readecuación" permanente de los servicios sociales básicos, como sanidad o educación, sobrecargados ahora por el flujo masivo de inmigrantes, y también favorecer el voto activo y pasivo en las elecciones municipales de los extranjeros.
El control de las fronteras y la persecución y penalización del trabajo irregular son otras de las propuestas de CCAA que apuntó Julio Ruiz, quien, tras subrayar que la capacidad de acogida de un país no es ilimitada, señaló que "el primer límite es el empleo".
Sobre el cupo anual, Ruiz aludió a la "facilidad" de fijar un número aproximado anual, revisable, pero no olvidó tampoco otras vías de entrada en el país, como las reagrupaciones familiares o los asilos, todo ello con el propósito de conseguir "eficacia, agilidad y operatividad" en la inmigración.
De no ser así, alertó, "los recursos se consumirán en cómo gobernar las irregularidades".
En cuanto al anuncio del Gobierno de que la Inspección de Trabajo realizaría 500.000 actuaciones contra el fraude durante el proceso extraordinario de regularización, Fidalgo se mostró "absolutamente incrédulo" y dudó de que la "escasísima fortaleza" de esa institución permita desarrollar ese plan.
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