El sector textil empleaba a finales de 2006 a unos 190.000 trabajadores en toda España. La industria valenciana, que representa la quinta parte del total nacional, está compuesta en la actualidad por 1.800 empresas que contratan a 36.000 trabajadores. En España se destruyeron entre 13.000 y 15.000 empleos a lo largo de 2006. En la Comunidad Valenciana, entre 2.500 y 3.000. Y por tercer año consecutivo. Javier Aparicio, presidente de Ateval, la patronal autonómica, sugirió que el impacto de la liberalización del mercado textil se prolongará al menos hasta 2010.
La entrada masiva de productos textiles asiáticos, que llegó a colapsar los grandes puertos del Norte de Europa, a partir de 1 de enero de 2005 ha tenido un efecto demoledor sobre el empleo menos cualificado en la industria valenciana. A lo largo de 2003 "dejaron de renovarse contratos", recuerda Vicente Rodríguez, secretario general de la federación del textil de CC OO, "pero desde 2004 en adelante se ha destruido empleo puro y duro".
La amenaza de la invasión asiática, primero, y el efectivo desembarco, después, se ha llevado por delante más de 10.000 empleos en tres años, en su mayoría en las comarcas de la Vall de Albaida y l'Alcoià, donde se concentra el grueso de la industria valenciana.
Javier Aparicio, presidente de la patronal provincial, comentó ayer al respecto: "La transformación del textil no ha terminado todavía. No veremos grandes expedientes de regulación de empleo porque ya no quedan grandes empresas. Pero la normalidad en el sector textil después de la liberalización comercial se dará a partir de 2010".
Aparicio confirmó que la industria textil ha destruido empleo a razón de un 8% anual en los últimos años y ofreció las estimaciones globales sobre empresas y trabajadores del sector en la Comunidad Valenciana.
Las reflexiones sobre la evolución reciente de una de las industrias de más larga tradición en las comarcas del interior se produjeron en el patio de la Consejería de Economía, que fue escenario ayer de la renovación del denominado pacto de Albaida, alcanzado en 2003, para paliar los riesgos de la entonces inminente liberalización mundial del comercio de productos textiles.
Una renovación matizada, puesto que la aplicación en territorio valenciano del primer acuerdo, firmado cuando Eduardo Zaplana ocupaba el Ministerio de Trabajo, resultó "insignificante" en palabras de Adrià Serra, presidente del Consejo Intertextil Español, la patronal de ámbito estatal.
"Entre seis y ocho empresas", según Aparicio, se acogieron a los expedientes de regulación temporal de empleo por un máximo de tres meses que preveía aquel acuerdo para liberar de costes a los empresarios en temporada baja y formar a los trabajadores. El ministerio se comprometía a pagar el 70% del salario habitual -el equivalente a la prestación por desempleo- y la Generalitat aportaba el 30% restante a través de la financiación de cursos de formación. Sólo podían acogerse a los expedientes de regulación temporal las empresas que acreditarán que el 80% de su plantilla disfrutaba de contrato fijo.
Las novedades introducidas sobre el acuerdo de 2003 son dos. Los empresarios podrán requerir en dos plazos los expedientes de regulación temporal por sendos periodos de un máximo de 45 días, por ejemplo. Y, en segundo lugar, la solicitud de un expediente de regulación temporal no constituirá un impedimento para plantear, en el mismo ejercicio, un expediente de extinción de empleo por parte de la misma empresa.
Ana Encabo, secretaria autonómica de Empleo, reiteró que muchos empresarios dejaron de acogerse a la primera modalidad de los expedientes de regulación temporal de empleo por razones "más psicológicas" que económicas ante la imposibilidad de recortar sus plantillas y auguró que la reedición del pacto será más exitosa.
Los presupuestos de la Generalitat para 2007 incluyen una partida de 300.000 euros para financiar los cursos de formación continua derivados de las solicitudes de regulación temporal para afrontar bajas de producción derivadas de la estacionalidad del producto textil.
Vicente Rodríguez y Carlos Rodríguez, responsables de las federaciones del textil de CC OO y UGT, celebraron la renovación del acuerdo e instaron a los empresarios a aprovechar "las herramientas" que todas las administraciones han puesto a su disposición para "actuar con responsabilidad" y sostener la industria antes que optar por el cierre.
Prueba de la relevancia que todos los interlocutores sociales conceden al nuevo acuerdo fue la presencia de Rafael Ferrando, presidente de Cierval, Joan Sifre, secretario general de CC OO, Carlos de Lanzas, secretario de Acción sindical de UGT, y el propio Adrià Serra, presidente del Consejo Intertextil Español, en el acto de firma.
Formación preventiva
El preámbulo del acuerdo firmado ayer en la sede de la Consejería de Economía reitera la voluntad de empresarios y sindicatos de sostener el empleo y salvar la industria textil. Destaca la calidad de las herramientas diseñadas por las distintas administraciones. Y subraya el valor del consenso.
Ana Encabo, secretaria autonómica de Empleo, recordó los esfuerzos desarrollados por la Generalitat para modificar aspectos administrativos relativos a la formación continua que impedían a los trabajadores del textil o el calzado, por ejemplo, recibir cursos de formación para trabajar en otros sectores.
Hasta 2004, un operario textil condenado al desempleo sólo podía acogerse a cursos de formación continua vinculados a la industria textil.
La Generalitat logró incorporar las denominadas fórmulas de "orientación y formación preventiva" hace tres años y ha consumido 13 millones de euros, según datos que ofreció Encabo, para posibilitar la formación de operarios del calzado, por ejemplo, en habilidades propias de otros sectores antes de perder su empleo. "Se forma a los trabajadores antes de que se produzca la reducción de plantillas para que tengan salida tanto las familias como los territorios", explicó Encabo.
La oferta de cursos de formación preventiva se ha prolongado durante tres años. Y no se ha renovado hasta la fecha. ¿Por qué?
Encabo subrayó su intención de pasar revista a la eficacia de las inversiones públicas en formación preventiva durante el pasado trienio sobre la mesa del Pavace con la patronal y los sindicatos. Se trataría de corregir las posibles deficiencias y, sobre todo, de lograr el consenso de todos los actores sociales antes de plantear una nueva convocatoria.
La formación preventiva, además, podría extenderse a otros sectores, incluso generalizarse, según sugirió Encabo, de acuerdo con las necesidades de formación permanente que demandan las sociedades avanzadas para seguir siendo competitivas.
Miguel Olivares
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