El peso del gasto en pensiones contributivas sobre el PIB se incrementará "entre siete y once puntos" en las próximas cuatro décadas, y duplicará así su nivel actual, de forma que "el mantenimiento de la autofinanciación exigirá emprender reformas paramétricas en respuesta a esta evolución".
Así lo suscriben el ex subdirector de Servicio de Estudios del BBVA y actual director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, y el economista del mismo departamento, Ángel Melguizo, en el informe "Las pensiones públicas en España: Cinco principios básicos para el debate" publicado por el Colegio de Economistas de Madrid.
Los autores sostienen que pese a que la situación actual de las administraciones de la Seguridad Social "es muy favorable" y que, previsiblemente, el superávit de sus cuentas se prolongará "algunos años más", la evolución demográfica llevará a que las cuentas del sector público se enfrenten dentro de cuatro décadas a "importantes desafíos de financiación".
No obstante, Taguas y Melguizo auguran que hasta el año 2050 la tasa de dependencia (ratio de población mayor de 65 años y la población en edad de trabajar) aumentará del actual nivel del 0,24% hasta una horquilla de entre el 0,56% y el 0,64%.
El estudio precisa, sin embargo, que a partir del año 2050 el gasto por prestaciones contributivas se reduciría "ligeramente", aunque se mantendría "diez puntos por encima de su nivel actual".
POSIBLES REFORMAS
Según Taguas y Melguizo, la situación futura del subsistema de pensiones contributivo requiere de "una combinación de reformas" que ya han visto la luz en las principales economías industrializadas.
Desde el punto de vista del gasto, el equilibrio del sistema pasaría por "aumentar la edad efectiva de jubilación", en concordancia, no sólo con una mayor esperanza de vida, sino también con el creciente periodo de formación de los trabajadores, que ha acortado la vida laboral.
Asimismo, propone el cómputo en la base reguladora de la pensión contributiva de todos los años de la vida laboral, en lugar de los últimos 15 años que contempla la última reforma de la Seguridad Social.
En el capítulo de ingresos, los autores reconocen que "el margen de maniobra es escaso", ya que, a su juicio, "la elevación de las fiscalidad podría tener un impacto negativo sobre la oferta de trabajo, más dado que es previsible que la restricción de la misma aumente en las próximas décadas".
En todo caso, prosiguen, "en el límite, existiría algún margen, elevando las cotizaciones por contingencias comunes y reduciendo las destinadas a financiar las prestaciones por desempleo, sobre todo, si se tiene en cuenta que la mayor renta per cápita disminuirá el esfuerzo relativo".
Además, Taguas y Melguizo consideran que estas reformas deberían acometerse con celeridad ya que, "serían más eficaces, más equitativas y más compatibles con la función de estabilización del sector público cuanto antes se implantaran".
Por último, los autores del estudio demandan una "esfuerzo" para informar a los ciudadanos sobre las perspectivas del sistema de la Seguridad Social, así como sobre las medidas alternativas para garantizar su autofinanciación en el medio y largo plazo.
En este sentido, plantean la creación de una institución "independiente del Ejecutivo" que realizara una evaluación "periódica y transparente" de la situación del subsistema contributivo.
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