Las empresas, ya sean productivas o de servicio, apuestan cada vez más por mantener su negocio con recursos mínimos sin trabajadores propios, es decir, por “deslaboralizar la actividad”. Esta tendencia no se limita a un problema de reducción de costes sino que también encierra omisión de responsabilidades, según denuncia CCOO.
Los responsables de los negocios se inclinan con frecuencia por conseguir la mano de obra que necesitan fuera de los conductos, hasta ahora, habituales como es la contratación directa. Prefieren recurrir a las empresas de trabajo temporal (ETT’s), o a las de servicios que desarrollan numerosas actividades de otras compañías (limpieza, mantenimiento informático, administración, etc.). También utilizan la subcontratación, al encargar a otras sociedades, por el pago de una comisión, operaciones de la cadena productiva, como por ejemplo la de ventas.
Otro mecanismo para “adelgazar” las plantillas es negociar con los trabajadores su salida, de manera que se conviertan en autónomos aunque mantengan vínculos con la empresa. De esta manera las cotizaciones sociales corren a cargo del ex empleado por cuenta ajena. En definitiva, la secretaria de Empleo de CCOO, Dolores Liceras, mantiene que los asalariados con contrato indefinido “comienzan a ser una raza de trabajadores a extinguir”.
Cómplice
El sindicato señala, además, que el Gobierno colabora en esta “dejación de responsabilidades”. “Permite relaciones especiales con determinados colectivos, como el de abogados, que no están cubiertos por el Estatuto de los Trabajadores”. Para Liceras, la situación es fruto de “la presión de los grandes despachos” y de “favores prestados”.
CCOO igualmente es contraria al futuro Estatuto del Trabajo Autónomo, actualmente en tramitación parlamentaria. Argumenta que supone un paso atrás en la protección de los asalariados al regular, entre otras cuestiones, la figura del autónomo económicamente dependiente, o sea, al trabajador por cuenta propia que recibe al menos el 75% de sus rentas de un mismo cliente (persona, despacho o empresa).
La central que lidera José María Fidalgo es la única organización que se ha opuesto a la norma del autónomo. Considera que es una manera de “legalizar lo irregular” y de “empujar” a los asalariados a salir de la empresa. En opinión de Liceras, el Estatuto está pactado en el ámbito político, para que el Gobierno pueda demostrar que se ha ocupado de los autónomos, que suponen más de tres millones de votantes, “pero no pensando en el mercado laboral ni en los trabajadores”.
Normas laxas
La responsable de Empleo también lamenta que las leyes laborales sean cada vez “más laxas” y protejan menos a los empleados. “Es incomprensible que los problemas de la economía y del desarrollo de los países radiquen en las normas laborales. Ahora parece que sí son duras no permitirán afrontar los retos del Siglo XXI”, apunta.
Las tesis que predominan en el mundo, incluida la Unión Europea, son las que mantienen que no hay que proteger al trabajador en la empresa sino ante la falta de empleo, con formación, prestación por paro, búsqueda de actividad, etc. insistió Liceras.
Por todo ello, considera necesario y urgente defender el Estatuto del Trabajador y “no distraernos con otras normas”, esta ley sí que defiende al empleado en la empresa, cara a la negociación colectiva, a la hora de firmar el contrato y, llegado el caso, ante el despido.
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