Cáritas Española considera que la precariedad laboral afecta a unos tres millones de trabajadores, que en periodos de unos cinco años pasan del desempleo a contratos temporales, y que esta situación tiende a estancarse si no hay nuevas políticas laborales, según un informe de la Fundación Foessa.
El estudio sobre la evolución del empleo precario analiza las distintas reformas laborales que se han producido desde 1984, y concluye que España tiene un problema con la precariedad del empleo, que no se limita a la temporalidad, sino que hay aspectos relacionados con el nivel de cualificación de los empleos, los salarios y la falta de protección frente al desempleo.
En los últimos once años, ha habido cuatro millones de empleos estables nuevos, cuya proporción apenas cambia, sin embargo se han empeorado las condiciones de los trabajadores temporales, "que tienen trabajos más temporales", según explicó el director del trabajo, Miguel Laparra.
"Ha habido una gran expansión del empleo estable, pero también de la bolsa de empleo temporal" que es de las más grandes de la UE", añadió.
Durante este periodo ha crecido el número de familias con un trabajador con contrato indefinido, ya que ha aumentado casi el 60% el acceso al empleo estable desde 1994 y hay 2,8 millones de hogares más con un empleado estable.
Pero también hay 400.000 hogares más dependiendo del empleo temporal y uno de cada 5 hogares activos tiene todos sus miembros en edad de trabajar en paro o con empleos temporales, señala el estudio analizando datos del periodo 1992 a 2005.
Según este estudio, la falta de protección por desempleo explica de forma significativa la expansión del empleo precario.
Sólo uno de cada ocho parados en edad de trabajar percibe un subsidio por desempleo y la mitad recibe la prestación asistencial del 28% del salario medio.
"Son pocos los que cobran subsidio por desempleo, los que lo hacen es por una cuantía mínima y casi ninguna Comunidad Autónoma tiene un sistema de garantía de ingresos mínimos", interpreta el coordinador del estudio.
El informe destaca una tendencia de las administraciones públicas a precarizar el empleo, frente a la empresa privada que hace cada vez más contratos estables.
Además, esta precariedad se induce en los servicios sociales y explica que en el caso de las empleadas de hogar del servicio de ayuda domiciliaria hay un cien por cien de temporalidad en los servicios y en las residencias de ancianos alcanza el 33%.
Laparra alertó de que depende cómo se gestione la Ley de Dependencia "puede significar la extensión del empleo precario".
El estudio señala que la expansión del empleo precario es, en cierto modo, responsabilidad de las políticas públicas y que las reformas en la regulación del mercado de trabajo de 1984 y 1994 permitieron una expansión "sin precedentes del empleo precario que ahora está siendo difícil de corregir".
Por su parte, el secretario general de Cáritas Española, Silverio Agea, opinó que dentro del plan de empleo debería dedicarse un capítulo especial para las personas más desfavorecidas y recordó que "la lucha contra la pobreza y la exclusión deber ser un asunto de Estado, porque nos incumbe a todos".
El responsable del programa de empleo de esta organización, Jorge Nuño, recordó que casi el 20% de la población española se sitúa por debajo del umbral de la pobreza y explicó que el 70% de las personas a las que se les presta asistencia son mujeres de entre 25 y 35 años con responsabilidades familiares y pocos estudios.
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