Según las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía de La Rioja, unos 2.000 inmigrantes pueden encontrarse actualmente en La Rioja en situación de semiesclavitud, es decir, trabajando en la economía sumergida, en situaciones de abuso laboral y coaccionados por sus explotadores. El dato lo ofreció Juan Calparsoro durante la presentación de la 'Memoria de la Fiscalía 2006', en un acto informativo ante los medios de comunicación riojanos que tuvo lugar en el Palacio de Justicia.
En el extenso capítulo que la Memoria dedica al tema de la extranjería, los inmigrantes no destacan precisamente como autores de hechos delictivos sino como víctimas de éstos. «Merecen destacarse -dice el informe del fiscal- las investigaciones que se están produciendo en relación al desmantelamiento de grupos que se dedican a reclutar a personas para trabajar en el campo riojano, siendo sometidas a durísimas condiciones laborales en situación de abuso, imponiendo la manutención y su importe y, en definitiva, coaccionando y controlando la libertad del operario, que se ve obligado a sucumbir a sus explotaciones».
Muchas de estas personas que prácticamente adquieren la condición de esclavos cuando llegan a La Rioja provienen, según explica Calparsoro, de los estratos más pobres de la región de Oporto, y no pocos de ellos padecen algún tipo de minusvalía o son adictos a las drogas. Existe -dice el informe- «una estructura organizada» para la captación de estos trabajadores «cuasi-esclavos».
Desde la Fiscalía de La Rioja se está dirigiendo una investigación en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Judicataria de Oporto tendente a desarticular esta organización criminal.
Pero también continúan produciéndose en La Rioja actividades de captación y explotación de trabajadores provenientes de países del Este para trabajar, generalmente, en la construcción. Estos inmigrantes, asegura la Fiscalía, «están en condiciones de explotación laboral sin reconocimiento de sus derechos sociales y económicos y en situación de riesgo para su salud y seguridad en el trabajo».
Otro aspecto que preocupa a la Fiscalía riojana es el relativo a la captación de mujeres inmigrantes para obligarlas a dedicarse a la prostitución en clubs de la región, «donde son explotadas por los dueños para obtener así beneficios económicos a costa de estas mujeres que carecen de derechos sociales o económicos». Durante el 2006 fue detectada la presencia en un club de La Rioja Baja de una menor de origen rumano obligada a prostituirse. Fueron detenidos tres cuidadanos españoles y dos rumanos.
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