Las reformas laborales que se llevaron a cabo en España el pasado año, aun siendo importantes, no bastan para dar "un impulso significativo" a las perspectivas del empleo juvenil, para el que la máxima prioridad es reducir el abandono prematuro del sistema escolar.
Esta es la principal conclusión del informe "Empleos para jóvenes" dedicado a España, publicado el jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que, pese a reconocer que la situación "ha mejorado considerablemente" en los últimos años, opina que "todavía hay un margen significativo de mejora".
Aunque la proporción de jóvenes con empleo se ha incrementado en un 50% en el último decenio en España y el desempleo de larga duración se ha reducido más de la mitad en ese periodo, la tasa de paro juvenil seguía siendo en 2006, con el 18%, más de tres puntos superior a la de la media de la OCDE.
"La opinión de muchos economistas españoles y de la OCDE es que las reformas, aunque han producido hasta ahora un incremento de la contratación a través de los contratos estables, no proporcionarán un impulso significativo a las perspectivas del empleo juvenil", advierten los autores del estudio, que consideran que "debe hacerse algo más para mejorar la transición de la escuela al trabajo".
En concreto, el Gobierno tendría que basarse en "el consenso existente" y adoptar cuatro líneas de actuación, teniendo en cuenta que "la principal prioridad es reducir el abandono escolar prematuro", señalan.
Uno de cada cuatro jóvenes deja el sistema educativo con un nivel inferior a la educación secundaria superior, que hoy se considera el mínimo para acceder al mercado de trabajo, lo que hace de España uno de los países del mundo desarrollado con mayor nivel de abandono.
Hacer frente a esa situación exige aumentar la implicación pública en guarderías para evitar la exclusión de niños con más riesgos, como los hijos de inmigrantes o padres con bajas cualificaciones o ingresos.
También se debe mejorar las "segundas oportunidades" para los que han salido muy temprano del sistema escolar, por ejemplo con pasarelas para la formación profesional o el retorno a la educación general, asegurar el aprendizaje en empresas para los estudiantes de formación profesional, incentivar los grados universitarios de ciclo corto o estimular la relación entre universidad y mundo laboral.
La OCDE constata que los estudiantes españoles tienen "un contacto limitado con el mercado de trabajo" antes de finalizar su recorrido escolar y por eso recomienda ampliar el uso de prácticas combinadas para los titulados, en cuyo diseño deberían estar implicadas las empresas y dirigir los contratos de formación para los jóvenes desfavorecidos.
En cuanto a la segmentación entre contratos temporales e indefinidos que caracteriza el mercado laboral español, los autores del informe estiman que "afecta negativamente a las perspectivas de carrera y las oportunidades de formación de los jóvenes".
"Reducir el abuso de los contratos temporales es efectivamente importante", porque "pueden ser una trampa" a la vista de que sólo uno de cada cinco jóvenes pasa de uno temporal a otro permanente en un año y de la corta duración de los temporales (un 60% es de menos de siete días).
La OCDE aconseja una "mayor convergencia" en el tratamiento de los contratos temporales y los indefinidos (equiparar la indemnización por despido a 20 días por año trabajado), aumentar el periodo de prueba en los indefinidos (hasta 10 meses), más control de la Inspección de Trabajo y cotizaciones al seguro de desempleo moduladas para penalizar a las empresas que más despiden.
La última pata de las reformas propuestas por la OCDE es "una muy necesaria revisión de los servicios públicos del empleo", que pasa por una mayor cooperación con las comunidades autónomas -que son las que tienen competencias en los programas de activación-, garantizar asistencia para los jóvenes desde el inicio del paro o evaluar de forma rigurosa la acción del INEM y de las agencias privadas.
La OCDE admite, en todo caso, que la Ley Orgánica de Educación de mayo del pasado año incluye medidas para atajar el abandono escolar prematuro, y que la reforma de regulación del empleo refuerza la Inspección de Trabajo, lo que es "crucial" para "reducir el abuso en la utilización de los contratos temporales" y combatir así la segmentación del mercado laboral.
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