El proceso extraordinario de regularización finalizó hace dos años, pero la legalización de las condiciones de vida y de trabajo de cientos de miles de empleados continúa. Y lo hace a un ritmo verdaderamente elevado. Lo dice el propio Ministerio de Trabajo, que en su último informe de extranjería da cuenta de que 214.935 inmigrantes han logrado en el primer trimestre del año tarjeta o autorización de residencia, lo que significa un crecimiento del 7,1% respecto al cierre del anterior trimestre.
La cifra es anormalmente alta teniendo en cuenta que en los últimos doce meses 363.493 trabajadores lograron el permiso de residencia, lo que pone de manifiesto que la entrada de inmigrantes (en este caso con los papeles en regla) se ha acelerado en los últimos meses.
Según el Ministerio de Trabajo, hasta el pasado 31 de marzo se habían concedido 3.236.743 permisos o tarjetas de residencia, cifra que contrasta con las 2.054.453 autorizaciones en vigor existente dos años atrás, apenas dos meses antes de que finalizara el plazo oficial para la regularización de inmigrantes en situación irregular.
Quiere decir esto que desde que acabó ese proceso se ha entregado 1.182.290 permisos de residencia, de los que únicamente 573.270 corresponden a aquel periodo extraordinario de regularización que abrió el Gobierno con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas (todas salvo el PP), sindicatos y empresarios.
Las cifras oficiales indican, por lo tanto, que en lo que va de año cada día -incluidos festivos, que diría el ministro Caldera– se entregan 2.388 permisos o tarjetas de residencia, lo que significa que si los resultados del primer trimestre del año se proyectan al conjunto del ejercicio, el año acabará con 859.740 nuevos inmigrantes con papeles en regla para vivir en España.
Reagrupación familiar
En la mayoría de los casos, la entrada de nuevos inmigrantes se hace al amparo de una figura administrativa denominada reagrupamiento familiar mediante la cual un ciudadano extranjero residente en el Estado español puede traer a los miembros de su familia que estén residiendo en el país de origen. Pero si en el año 2000, España sólo concedió siete autorizaciones de residencia mediante reagrupamiento familiar, desde el año 2000 al 2003 se otorgaron 31.676. Y del 2003 a finales del año pasado sumaron ya 245.000. Tan sólo en el 2006 fueron 97.759. Como se ve, una clara progresión que explica que en estos momentos estén literalmente saturados los consulados españoles en América, principalmente los de Quito, Bogotá, Perú o La Paz, en Bolivia.
La legislación española permite al extranjero que haya residido en España durante un año y obtenido autorización para residir por, al menos, otro año, puede reclamar a su cónyuge; a sus hijos y a los de su cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de 18 años o estén incapacitados; a los menores de 18 años o incapaces cuya representación legal ostente, y a los ascendientes del extranjero o de su cónyuge que estén a su cargo.
Según régimen de residencia, 2.207.123 extranjeros (el 68,19% del total) estaban incluidos a 31 de marzo de 2007 en el Régimen General y 1.029.620 (el 31,81%) estaban incluidos en el Régimen Comunitario, del que forman parte los nacionales de países de la Europa Comunitaria, así como sus familiares.
Los colectivos mayoritarios al finalizar marzo de 2007 eran el marroquí (575.460 personas), el ecuatoriano (394.040), el rumano (264.928), el colombiano (237.468) y el británico (179.202). Las personas de estas cinco nacionalidades representaban el 51% del total de extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor en España en marzo de 2007.
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