El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, avanzó hoy que en poco tiempo el Gobierno español aprobará una ley para regular las empresas de inserción laboral con el objetivo de que unas 100.000 personas al año puedan alcanzar la integración social mediante la inserción laboral.
En su intervención ante el congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Caldera reafirmó ante el movimiento sindical europeo su compromiso con una Europa más social y su voluntad de trabajar en favor de los derechos de los trabajadores.
También se comprometió a trabajar para que la directiva europea de tiempo de trabajo establezca un máximo de forma que se pueda conciliar la vida laboral y familiar y para que no se pueda trabajar más de 48 horas a la semana, y aseguró que se opondrá a los "intentos de perpetuar las excepciones que permiten que haya quienes trabajen más de 48 horas por acuerdos individuales".
Mostró su convencimiento de la necesidad de "disponer de una Europa más social", ya que de lo contrario "no será Europa" sino un espacio para actividades económicas y de libre intercambio de bienes y servicios.
Recordó que España votó a favor del Tratado Constitucional y que es partidario de incluir en ese texto la carta de derechos fundamentales, tal como demanda la Confederación Europea de Sindicatos.
Afirmó que "es posible combinar crecimiento económico y protección social" y se mostró en contra de las teorías que apuestan por crecimientos sin protección y puso a España como "el mejor ejemplo" de ese modelo.
El ministro expuso los logros económicos y sociales alcanzados en España en los últimos años y reconoció la labor desempeñado por los sindicatos y el papel fundamental del diálogo social para conseguir esos "éxitos".
Afirmó que España crece muy por encima de la media europea, se han superado los veinte millones de ocupados y vaticinó que este año se crearán más empleo que en 2006, cuando se elevó a casi 700.000 puestos de trabajo.
El titular de Trabajo reconoció, no obstante, que es un "problema serio" de la economía española la temporalidad en el empleo, del 34%, si bien resaltó que la reforma laboral de julio de 2006 están dando muy buenos resultados.
Según sus datos, desde julio de 2006 hasta ahora se han realizado 2,1 millones de contratos indefinidos, de los que un millón han sido transformación de temporales, y la contratación fija inicial ha crecido un cincuenta%.
Presentó como otros avances sociales la legalización el año pasado en España de más de 600.000 inmigrantes que estaban en la economía sumergida y criticó a la "derecha muy dura e hipócrita, que prefería tenerlos irregularmente para que fueran explotados mejor".
Se refirió también a la inmigración irregular que llega a las costas españolas y sostuvo que el "único efecto llamada es la economía sumergida", a la vez que confesó que "se me parte el corazón" con las repatriaciones pero los flujos tienen que ser legales, mientras que el anterior gobierno del PP "no repatriaba a nadie y cuando lo hacía era en malas condiciones".
También intervino en el acto el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, quien resaltó que Andalucía está a la vanguardia de las políticas de concertación y es un referente para otros territorios en esta materia.
Aseguró que se puede crecer económicamente e incrementar la productividad sin merma de las políticas sociales y ante a las "voces críticas que dicen que no es posible" les aconsejó que "miren a Andalucía".
El consejero andaluz subrayó la coincidencia con los objetivos del congreso de la CES y en este sentido resaltó la contribución del gobierno andaluz y del español con sus respectivas políticas a fortalecer el "sindicalismo en nuestros territorios".
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