España es el país europeo más afectado por la iniciativa de la Comisión Europea para sancionar a empresarios que contraten ilegales, habida cuenta de la importancia para su economía de los sectores más proclives a esta práctica, dijeron el viernes asociaciones sindicales y productores.
La agricultura, la construcción, la hostelería y los servicios doméstico y asistencial son los sectores más afectados por la contratación de mano de obra procedente de la inmigración ilegal, según datos de la Comisión Europea.
Productores y sindicalistas afirman que la agricultura o la construcción se habrían detenido en España ya hace mucho tiempo de no ser por la población inmigrante. 'La falta de mano de obra en las empresas de la construcción o la agricultura es tan importante que no tenemos más remedio a veces que acudir a los inmigrantes, por muy ilegales que sean. Sin ellos no habría cosecha', manifestó Juan José Álvarez, de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA).
Los empresarios, sobre todo las pequeñas y medianas empresas (Pymes), dedicadas fundamentalmente a las subcontratas de todo tipo, consideran alejada de la realidad española la propuesta del comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, de aumentar la presión contra quienes empleen a ilegales.
'Estas personas son imprescindibles para la marcha de la economía española. Bruselas quiere penalizarnos por contratar mano de obra ilegal, pero es que en muchas ocasiones no tenemos más remedio ante la falta de trabajadores regulares', manifestó a la AFP Sebastián Reyna, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
Para esta asociación, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea de incentivar los cupos y la contratación en origen tampoco es la solución. 'El sistema de cupos o contingentes que propone Bruselas está pensado para países como Alemania, con gran dominio de la gran empresa en su economía. Pero no para España, donde las Pymes y los trabajadores autónomos representan el 80% del tejido productivo', analizó Reyna.
La contratación de contingentes en origen exige a los empresarios una planificación con mucho tiempo de antelación, que las Pymes no se pueden permitir. 'Si de repente te sale un contrato para pintar un edificio u organizar una comida de una boda para 300 personas tienes que buscarte el personal necesario en unas horas y donde sea, y muchas veces se ha de acudir al mercado ilegal', ejemplificó Reyna.
Por su lado, el ministerio de Interior admite que resulta imposible calcular de manera exacta el número de inmigrantes que permanecen en España trabajando en situación irregular, tras el gran proceso de regularización efectuado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 'Sólo se pueden hacer cálculos aproximativos, pero por la propia naturaleza clandestina de la inmigración ilegal, resulta imposible determinar, obviamente, el número exacto de personas que aún permanecen y trabajan en situación irregular', señaló a la AFP un portavoz del ministerio que pidio no ser identificado.
Únicamente es posible estimar que podría existir cerca de medio millón de personas que aún perviven dentro de la economía sumergida, de acuerdo con los cálculos previos al decreto de regularización de 2005 realizados por el ministerio de Trabajo. Entonces, su titular, Jesús Caldera, señaló que en España existía algo más de un millón de trabajadores irregulares.
El decreto del Gobierno permitió salir de la economía sumergida a unas 600.000 personas, de manera que restarían aún alrededor de otras 500.000 personas en situación irregular.
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