El trabajador que a los 61 años se marcha a casa con su pensión completa es cada vez más común. La jubilación parcial, que permite a la empresa retirar parcialmente a un empleado a cambio de contratar a un relevista, ha crecido vertiginosamente en los tres últimos años y representa ya el 13% de las que se declaran cada año. El Consejo Económico y Social (CES) alerta sobre el abuso de esta figura, más cara para el sistema que la jubilación anticipada, porque no penaliza el cobro prematuro de la prestación. La edad media de retiro en España se sitúa en 63,5 años.
Con sólo cuatro años de vida, la jubilación parcial se ha convertido en una de las fórmulas predilectas para abandonar el mercado de trabajo. Las empresas pueden retirar a sus trabajadores a partir de los 61 años (60 para quienes empezaran a cotizar antes de 1967), a cambio de contratar a otra persona que cubra la parte de la jornada que el jubilado parcial deja de hacer. Hasta los 65 años, el semijubilado cobra parte del sueldo y de la pensión y a partir de los 65 percibe la prestación íntegra. Algunas empresas permiten a los empleados acumular la jornada en pocos meses, de forma que se retiran con 61 y la pensión completa.
El atractivo de esta figura frente a la jubilación anticipada reside en que el trabajador no tiene penalización en su prestación. Pero la sangría al sistema es considerable. Cada jubilado parcial cuesta 100.000 euros adicionales, según cálculos del Ministerio de Trabajo. Este departamento ha endurecido la ley -aún no ha entrado en vigor- y reforzado el control sobre esas prácticas para evitar fraudes.
El CES, órgano consultivo del Gobierno, llama la atención sobre el "importante aumento de jubilaciones anticipadas". De entre todas, asegura en la memoria de 2006, "la jubilación parcial muestra una importante tendencia creciente". Las altas en el sistema por esta vía aumentaron un 33%, hasta suponer casi un tercio de las anticipadas. Y sobre el total pesan ya un 13%.
Sin penalización
"Esta evolución parece estar relacionada con su utilización para renovar plantillas o para acceder a una situación semejante a la jubilación anticipada, pero sin la penalización", concluye el texto, aprobado ayer por el pleno del CES y que se presentará la próxima semana.
Anticipados o no, los jubilados van a ser cada vez más numerosos. Transcurridos los años de la guerra, los nacimientos se multiplicaron a partir de los años cuarenta y esa generación alcanza ya la edad de retirarse. "Es previsible que a partir de 2007 se intensifique el crecimiento del número de nuevas altas en jubilación", vaticina.
El organismo, compuesto por empresarios, sindicatos, consumidores y cooperativas, subraya también el retraso de España en protección social. El esfuerzo en este terreno es "muy inferior a la media de la UE", tanto la de 15 como la de 25 Estados (ahora suman ya 27). España destina a estas políticas un 20% del producto interior bruto (PIB), frente al 27,3% comunitario.
Sólo hay una categoría en la que despunta respecto a los países vecinos: el desempleo, una partida a la que dedica más que la media. Pero en políticas esenciales como vejez y enfermedad la dedicación es inferior. La principal brecha se detecta en los recursos destinados a las medidas sobre familia y niños. España gasta una tercera parte de lo que lo hacen los países europeos. También en vivienda y exclusión social los resultados son deficientes.
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