La economía española lleva 14 años creciendo de forma sostenida, a un ritmo superior al crecimiento medio de los países de la Unión Europea y de la zona euro. El PIB per cápita español, en relación con el de la UE, ha subido del 79,4% en 1997 al 90,5% en 2006.
Sin embargo, el crecimiento económico no ha favorecido a todos por igual. Durante este largo ciclo de bonanza de la economía española las rentas salariales han disminuido su participación en la renta nacional. El menor peso de los salarios en la distribución de la renta es una tendencia generalizada en los países europeos, pero mucho más acentuada en nuestro país. En efecto, mientras en la zona euro y en la UE el peso de las rentas salariales en PIB ha caído 2 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente, entre 1997 y 2006, en España la caída ha sido de 5,5 puntos porcentuales. Entre otras cosas, porque el patrón de crecimiento dominante en España se viene sustentando en el consumo y la construcción, lo que está generando importantes beneficios empresariales a costa de una creación de empleo de baja calidad y bajos salarios.
Si la pérdida de peso de los salarios en la renta de España no ha sido más intensa se debe, precisamente, al importante incremento del empleo de estos últimos años. Sin olvidar que de los 2.700.336 nuevos empleos asalariados, creados entre 2002 y 2006, 438.500 fueron en la construcción y 2.204.800 en los servicios; es decir, en sectores con niveles salariales bajos y alta temporalidad.
Otros factores han colaborado en el descenso del salario medio, como son que en 2005 se incorporaron a las estadísticas los salarios ocultos y, en su mayoría muy bajos, de un gran número de trabajadores inmigrantes que fueron regularizados; el aumento del empleo femenino, cuyos salarios son un 15% inferiores a los masculinos, según Eurostat, o un 30%, según los datos censados de las declaraciones de IRPF; y la sustitución natural o incentivada de los trabajadores con más antigüedad y salarios más elevados por nuevos trabajadores con salarios inferiores.
Si analizamos las distintas estadísticas recogidas en la Encuesta de Convenios Colectivos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, vemos que la negociación colectiva entre 2002 y 2006, coincidiendo con los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva, ha propiciado una mejora del poder adquisitivo de los salarios de 2,5 puntos porcentuales sobre la inflación media del mismo periodo. En cambio, según la Contabilidad Nacional y la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE, el comportamiento ha sido de pérdida de poder adquisitivo en los años 2002, 2005 y 2006. No hay, pues, coincidencia a este respecto.
Ante esta pérdida de cuota de los salarios en la renta, no faltan los que ofrecen soluciones directas vinculando salarios al incremento de la productividad. Las recetas que proponen los estamentos comunitarios, con el Banco Central Europeo a la cabeza, para reducir el ritmo de crecimiento de los costes laborales y así restablecer la competitividad, consisten en que si las ganancias de productividad no logran crecer a un mayor ritmo, los salarios nominales tienen que soportar el peso del ajuste. Es decir, que si los empresarios no invierten más para aumentar la productividad del trabajo, los trabajadores tendrán que pagar por ello. Estas instituciones parece que adolecen de un desconocimiento de la realidad, donde la pérdida de competitividad no está moderando el crecimiento de los beneficios empresariales, sino todo lo contrario.
Como vemos, existen un número considerable de factores que explican por qué el salario medio en España ha venido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años, lo cual no significa que haya que aceptarlo como algo irreversible.
La política salarial que defiende UGT ante esta evolución injusta de la distribución de la renta nacional tiene dos vertientes fundamentales. Por un lado, el reforzamiento de la negociación colectiva, extendiendo y generalizando el modelo de determinación salarial, teniendo en cuenta dos elementos fundamentales: el objetivo de inflación y la necesidad de establecer cláusulas de revisión salarial de plena eficacia que permitan la mejora del poder adquisitivo de los salarios en relación con el aumento de las ganancias de productividad.
Por otro lado, a través del diálogo social, donde queremos profundizar en la redistribución final de la renta a través de las políticas y los servicios públicos, y la mejora de la protección social, con una política fiscal equitativa que contribuya a la redistribución de la renta en términos de justicia social.
Además, hay que establecer salarios mínimos garantizados en los distintos sectores profesionales, con incrementos superiores a la media, que sirvan de suelo retributivo y mecanismo corrector de desigualdades. Es preciso, además, impulsar la convergencia del salario mínimo interprofesional hacia el 60% del salario medio neto, como establece la Carta Social Europea.
Pero, además, no se nos olvide, a medio y largo plazo, es absolutamente necesario cambiar el modelo productivo español para que el empleo que genera nuestra economía sea empleo de calidad. Para ello se precisa más inversión en I+D+i, en capital físico y humano y en estabilidad del empleo, lo que permitirá un cambio en nuestro patrón de crecimiento económico y una mayor productividad.
En este cambio profundo del modelo productivo que propugnamos desde UGT, empresarios y Gobierno tienen un papel determinante, cuyo incumplimiento defraudaría nuestras expectativas y las de los trabajadores de este país.
Antonio Ferrer Sais
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