El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy un endurecimiento de las sanciones a las empresas que contraten trabajadores indocumentados, obligándolas incluso a despedirlos, algo que los empresarios y los grupos pro-inmigrantes piensan combatir en los tribunales.
Las medidas, anunciadas por los secretarios de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez, afectarían, por ejemplo, a centenares de miles de empleados en los sectores agrícola y de servicios.
'No queremos castigar a la gente que comete errores sin mala intención, errores administrativos… las medidas están dirigidas a quienes violan la ley intencionalmente' al contratar a indocumentados, explicó Chertoff.
Las medidas amplían el programa 'Basic Pilot' de 1997, ahora rebautizado como 'E-verify', en el que las empresas pueden cotejar, en cuestión de segundos, toda la información de sus empleados con las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración del Seguro Social (SSA).
Hasta ahora, la participación en el programa es voluntaria -unas 19.000 empresas ya participan y alrededor de mil se inscriben mensualmente en él-, pero algunos gobiernos estatales ya obligan a sus agencias a inscribirse en él.
A partir del mes próximo, las empresas tendrán un plazo de 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos sobre sus empleados, una vez que reciban una advertencia por escrito del gobierno sobre cualquier discrepancia.
Las empresas tendrán la obligación de despedir a los empleados que presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de Seguro Social.
Las que hagan caso omiso a las advertencias podrían ser sancionadas con multas que inicialmente serán de 2.200 dólares y hasta podrían afrontar cargos criminales, según el DHS.
Además, las medidas, que cuentan con la venia del presidente estadounidense, George W. Bush, reducirán el número de documentos -en la actualidad hay 29 categorías- que los empleados pueden presentar como prueba de identidad o de situación legal en el país.
También incluyen multas de 3.000 dólares para los indocumentados que no salgan del país de forma voluntaria.
El presidente Bush dijo en un comunicado que estas medidas, en su conjunto, tienen como objetivo reforzar la seguridad fronteriza y las leyes de inmigración, tras el fracaso de una reforma migratoria integral.
'Aunque el Congreso no ha respondido a nuestro maltrecho sistema de inmigración mediante una reforma integral, mi gobierno continuará tomando medidas para mejorar el progreso ya logrado', dijo Bush.
Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, insistió en que el gobierno de Bush no tiene más remedio que aplicar estos cambios ante la inacción del Legislativo.
Según los observadores, estas medidas también son una respuesta del gobierno a los ultraconservadores del Partido Republicano, que frenaron la reforma migratoria en el Congreso y exigen 'mano dura' contra la población indocumentada.
Se calcula que hay alrededor de seis millones de inmigrantes clandestinos en la fuerza laboral de EEUU, y varios grupos cívicos temen que estas medidas, en última instancia, podrían hacer subir los precios en los supermercados, restaurantes y otros negocios del sector de servicios.
Así, tanto el sector empresarial, de la mano de la Cámara de Comercio de EEUU, como la federación sindical AFL-CIO, la mayor agrupación sindical del país, sopesan posibles acciones judiciales para impedir la puesta en marcha de las medidas.
En declaraciones a Efe, la portavoz de asuntos legales de AFL-CIO, Sonia Ramírez, explicó que el enfoque policial de estas medidas, sin proveer alivio a los indocumentados, 'es una solución equivocada al problema migratorio actual'.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.