Los síntomas inequívocos de crisis en el sector económico relacionado con la vivienda pueden desembocar en un problema en el mercado laboral valenciano de primera magnitud.
De hecho, el pasado año se registraron más de 1,77 millones de contratos en la Comunidad. De ellos, cerca de la mitad corresponden a empleos relacionados con las actividades inmobiliarias y de alquiler -517.428- y a la construcción -300.764-, de acuerdo con la memoria del Consejo Económico y Social (CES), dependiente de la Generalitat.
A estas actividades económicas habría que sumar la de intermediación financiera -relacionada directamente con la inversión crediticia-, que alcanzó el pasado año los 8.455 acuerdos laborales.
Estos datos constatan la relevancia de la actividad del 'ladrillo' en el tejido económico valenciano que, a tenor de la actual situación, ha desatado las primera incertidumbres entre los analistas.
Hasta el momento, las cifras de empleo se mantienen y la facturación de las constructoras se eleva por encima del 5 por ciento, según el último informe de coyuntura de la Conselleria de Economía.
Esto se debe al incremento de la oferta en materia de nuevas viviendas, cifrado en el 11 por ciento, de acuerdo con las cifras aportadas por el Ministerio de Fomento. Sin embargo, la subida de los tipos de interés y del euribor han acentuado la deuda de las familias y, en consecuencia, ha comenzado a retraerse el consumo interno.
Caída de la demanda
Esta situación ha propiciado una caída de la demanda. De hecho, en los seis primeros meses del año el número de viviendas tasadas en la Comunidad ha descendido un 21por ciento -en la línea de la media nacional-. En todo caso, la región, con 62.233 tasaciones, se mantiene como la tercera más dinámica del país, únicamente superada por Andalucía -86.164- y Cataluña -68.639-, según datos aportados por el Ministerio de la Vivienda.
Además, la aversión al riesgo de las entidades financieras provocará el endurecimiento de las condiciones de las entidades financieras, tanto para conceder préstamos para la adquisición de viviendas como a las promotoras para construir nuevas edificaciones.
En este sentido, las pequeñas y medianas empresas del sector -representan cerca del 80 por ciento del tejido productivo- serán las que sufran de forma más abrupta las consecuencias. Muchas de ellas incluso desaparecerán, según los vaticinios del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional (OCEI) de la Universidad de Valencia.
Ante el nuevo escenario, la Federación Valenciana de Empresas de la Construcción (Fevec) considera que las alternativa de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y la obra pública servirán para paliar el descenso en los inmuebles de renta libre.
Sin embargo, resulta impredecible vaticinar hasta qué punto el mercado laboral soportará una caída de la actividad constructora, debido a su fuerte dependencia en materia de contratación. De hecho, los sectores que se presentan como alternativa no atraviesan su mejor momento. Es el caso de la industria manufacturera, que en 2006 acaparó 155.241 contratos, con un descenso del 0,6 por ciento. Por su parte, la contratación en la hostelería alcanzó 179.813 acuerdos, con un 5,43 por ciento.
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