El Gobierno Bush está preparando una operación sin precedentes de acoso masivo a los inmigrantes sin papeles. Si no se produce un cambio de actitud de última hora o una decisión judicial que frene los planes, la Administración estadounidense enviará el próximo martes cartas amenazadoras a 140.000 empresas de todo el país sospechosas de dar empleo a extranjeros indocumentados. Las consecuencias humanas y económicas pueden ser enormes.
La drástica medida se produce en un año negro para el futuro de los sin papeles. El proyecto de ley de reforma de la legislación inmigratoria, que debía abrir las puertas a la legalización gradual para millones de personas, se atascó en el Congreso. A pesar de la gran presión de Bush sobre sus correligionarios republicanos para aceptar una solución generosa, un sector de ellos se opuso, por motivos electoralistas. Paralelamente aumentaron mucho las redadas en empresas y las deportaciones.
Las 140.000 cartas serán remitidas por la Administración de la Seguridad Social y por el Departamento de Seguridad Interior. La primera alertará a las compañías de las discrepancias halladas entre sus bancos de datos y los números de Seguridad Social – identificador básico en Estados Unidos- de sus empleados. Tendrán hasta el 14 de septiembre para responder a las alegaciones. Más de ocho millones de trabajadores podrían verse afectados. Les puede esperar el despido, la deportación o una precariedad aún mayor. Los empresarios se arriesgan a pagar severas multas o incluso a ser encarcelados.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la federación sindical AFL-CIO, la American Civil Liberties Union y otras organizaciones han protestado contra el envío de las misivas. Además del daño humano, alertan de los efectos muy negativos que puede acarrear en sectores como la construcción, la hostelería, agricultura y procesamiento de alimentos (con los mataderos, en primer lugar). Hace unos días se presentaron varios recursos judiciales en San Francisco para tratar de parar o retrasar el acoso a los sin papeles y a las empresas en que trabajan.
Existe un grupo, la Essential Worker Immigration Coalition (EWIC), dependiente de la Cámara de Comercio estadounidense, que está siendo especialmente activo como lobby contrario a la persecución de los sin papeles. "Vemos la situación con alarma", confesó a La Vanguardia Craig Silvertooth, uno de los copresidentes de EWIC. "Los empresarios en este país tienen ya dificultades para proporcionar los bienes y servicios que los estadounidenses demandan – declaró Silvertooth-. Hay escasez de mano obra. Tenemos ese problema incluso con los trabajadores indocumentados. Sería incluso peor sin ellos. La consecuencia será que muchos pequeños negocios tendrán que cerrar sus puertas. Y la economía de Estados Unidos se contraerá".
El presidente del gigante sindical AFL-CIO, John Sweeny, previno sobre los daños que la medida de la Administración puede causar también a los trabajadores nativos. "Es una nueva herramienta para reprimir los derechos de los trabajadores en el nombre de un cumplimiento engañoso de la ley inmigratoria", dijo Sweeny.
Uno de los problemas es que la base de datos de la Administración de la Seguridad Social no es fiable. El inspector general del organismo constató el año pasado que había errores en 17,8 millones de personas. A veces los errores son involuntarios: tipográficos, cambios de nombre debido a matrimonio, confusión entre varios apellidos. Pero, lógicamente, también existe el fraude, pues hay toda una industria dedicada a facilitar números de la Seguridad Social a inmigrantes indocumentados.
El peligro de las cartas es que desencadene el caos, genere desconfianza entre empresarios y trabajadores, y acaben pagando consecuencias gente que no debiera.
Puede parecer una contradicción que la Administración Bush, favorable desde hace años a una solución que legalizara a la mayoría de los inmigrantes sin papeles, actúe con tal dureza. Se explica en parte porque siempre ha querido mostrarse creíble ante los sectores republicanos más recalcitrantes, que en numerosas ocasiones han acusado al presidente de promover una amnistía para los doce millones de ilegales. Les quería convencer de que la legalización iría aparejada a una aplicación estricta de las leyes vigentes y a un mayor control de la frontera.
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