La Confederación Europea de Constructores (EBC) resaltó el viernes su compromiso en contra del trabajo ilegal, pero reclamó apoyo a la Comisión Europea y a los gobiernos de los países miembros para llevar a cabo campañas de prevención e información en toda la UE.
La EBC, organización que agrupa a organizaciones de pequeñas y medianas empresas de la construcción de once países europeos, centró la jornada del pasado viernes de su asamblea general, celebrada en Murcia, en debatir y aprobar una declaración sobre la contratación ilegal, cuya incidencia cifra entre el 7 por ciento 19 por ciento del empleo total declarado en la UE.
Para los constructores europeos, la contratación ilegal «implica una distorsión en la competencia de las empresas que realizan su actividad legalmente y priva a los sistemas de protección social de Europa de una parte de la financiación necesaria para su viabilidad'. Para contrarrestar esta lacra, el presidente de la EBC, el británico David Croft expuso en rueda de prensa algunas de las demandas de la patronal, entre las que destacó el dotar de una mayor flexibilidad a la legislación laboral para los artesanos y pymes. También demandó la rebaja del IVA para los trabajos de reparación y mantenimiento de viviendas, y alertó sobre la figura de los «falsos autónomos' que operan en la economía sumergida.
Croft destacó el ritmo de crecimiento del sector de la construcción en España, que cifró en «tres o cuatro veces superior al del Reino Unido', y precisó que el problema de la falta de mano de obra cualificada de los constructores murcianos se da en el resto de países de la UE, que tratan de subsanarlo con la contratación de profesionales en los países del Este y con la formación. El consejero de Empleo, Constantino Sotoca, que intervino en la asamblea general, subrayó la reducción en un 44 por ciento de la siniestralidad laboral en la Región en los últimos cinco años, tres puntos por debajo de la media nacional, fruto «de la concertación social'.
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