España es el segundo país de Europa, sólo por detrás de Noruega, cuyo mercado laboral está más abierto a los inmigrantes no comunitarios, pero sin embargo suspende en la aplicación de la legislación que prohíbe el racismo y la discriminación laboral de inmigrantes, así como en concederles la nacionalidad o en promover su participación política.
No obstante, se sitúa, en términos generales, en el puesto 15 de 28 en la "promoción de la integración favorable de inmigrantes" de la lista del Índice de Política de Integración de Inmigrantes, presentado ayer en Bruselas y elaborado por el British Council y el Migration Policy Group.
El estudio otorga buena puntuación a España a la hora de garantizar la seguridad del empleo de los inmigrantes y los derechos asociados al trabajo, como seguridad social o desempleo. En contraste, los principales problemas a los que se enfrentan los extranjeros son obtener la nacionalidad (donde España ocupa el puesto 14 de 28) o verse discriminado por motivos étnicos (17).
En otras áreas analizadas, como la garantía al derecho de reunificación familiar o las condiciones impuestas a inmigrantes para obtener un permiso de residencia permanente, aparecen otras carencias de la política de integración española, que está muy por detrás de la que prima en países como Suecia, Portugal o Bélgica, aunque por delante de las políticas de Letonia, Chipre y Austria en ambos casos.
Los principales países de origen de los inmigrantes que llegaron a España en 2004 y 2005 fueron Rumanía y Bulgaria, aunque tras la adhesión de ambos países a la UE el 1 de enero de 2007 han pasado a ser ciudadanos comunitarios. Después de los rumanos y búlgaros, los marroquíes y ecuatorianos son los que más emigraron en 2005 a España. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son las tres ciudades españolas que más inmigrantes acogen, según constata el informe Index.
Los inmigrantes de terceros países constituyen, según cifras de 2006, el 7,2% de la población española (3.166.778 inmigrantes). Alrededor de 42.860 inmigrantes, la mayoría de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y marroquí, solicitaron la nacionalidad española, según datos de 2005 y cerca de 5.266, pidieron asilo oficial en el país, según estadísticas de 2006.
MERCADO LABORAL
Aunque España logra "la mejor práctica" de Gobierno en cuanto a garantizar el empleo y los derechos vinculados a él (seguridad social, derecho a paro…) de inmigrantes, el informe destaca que podría mejorar el acceso laboral a los inmigrantes introduciendo "leves mejoras" en sus normas sobre elegibilidad y medidas para la integración en el mercado laboral, a pesar de que en ambas categorías España se sitúa en segundo lugar de ranking.
En España, "la mayoría de los permisos de trabajo se renuevan" y los inmigrantes "pueden quedarse para buscar un nuevo empleo si su contrato ha terminado". También, añade el informe, los inmigrantes en España pueden "afiliarse a sindicatos y cambiar rápidamente de trabajo, profesión o estatus laboral".
Según estadísticas de 2006, la tasa de empleo entre los inmigrantes de terceros países en España se sitúa en el 71,9%, ocho puntos más que la media entre los nacionales, mientras que la de desempleo asciende al 12,2%, cuatro puntos porcentuales más que la de los nacionales. Además, los resultados del estudio muestran que el 42,1% de los españoles está a favor de deportar a los inmigrantes sin empleo, lo que coloca a España entre los ocho en todo el conjunto de la UE que más apoyan esta idea.
Para mejorar estas cifras, el British Council y el Migration Policy Group emplazan al Gobierno español a "marcar objetivos políticos para reducir el desempleo entre los inmigrantes y mejorar sus capacidades lingüísticas". Asimismo, ambas organizaciones consideran que "si las cualificaciones de los inmigrantes se reconocieran igual que las de otros países comunitarios, y los inmigrantes estuvieran informados de ello a través de agencias y centros de información, España podría puntuar más alto" en cuanto a apertura de su mercado laboral a inmigrantes.
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