La Unión Europea recibirá en torno a 40 millones de inmigrantes entre 2004 y 2050, pero ni siquiera ese elevado número de trabajadores extranjeros podrá compensar el efecto del envejecimiento sobre la fuerza laboral europea.
Estas previsiones están incluidas en un informe sobre la repercusión de la inmigración en la economía de la UE, encargado por los Veintisiete a la Comisión Europea y al Comité de Política Económica y que la semana próxima analizarán los titulares de Finanzas en su reunión mensual.
El documento destaca que la población comunitaria aumentó en 2006 en 2,1 millones de personas, principalmente debido a un flujo neto de inmigración de 1,6 millones de personas.
Esa tendencia continuará en las próximas décadas pero, según recalcan los autores del trabajo, los inmigrantes sólo compensarán parcialmente y a corto plazo la caída de la oferta de mano de obra derivada del envejecimiento.
Alertan de que en numerosos países de la UE y sin tener en cuenta el efecto de la inmigración, la población en edad de trabajar puede disminuir en 2050 hasta un 35%.
Estas proyecciones hacen necesario, entre otras medidas, alargar la vida laboral, señala el informe.
En cuanto a la gestión de la inmigración hasta la fecha, los analistas señalan que, aunque en los últimos años ha sido un factor impulsor del crecimiento en muchos países, existe todavía potencial laboral sin utilizar entre la población extranjera.
Así, constatan tasas de ocupación más bajas y de desempleo más altas que entre la población nativa en varios Estados miembros.
Reclaman también medidas efectivas para favorecer la integración en el mercado laboral del país de acogida, con especial énfasis en la educación y la igualdad de derechos.
Respecto al efecto en los países de origen de los inmigrantes, el estudio pide a la UE un esfuerzo para mitigar las consecuencias de la "fuga de cerebros" y que se facilite el envío de remesas, muchas veces una fuente de ingresos fundamental en las economías pobres.
El análisis también tiene en cuenta el impacto en las finanzas públicas de los trabajadores inmigrantes y, aunque reconoce su contribución al saneamiento de los sistemas de seguridad social, recuerda que también generan derechos que se cobrarán pasado un tiempo.
Incide, por tanto, en la necesidad de acometer reformas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones.
Por último y tras constatar la variedad de enfoques en política migratoria dentro de la UE, advierte de que las decisiones adoptadas en un país repercuten más allá de las fronteras nacionales, dada la libertad de circulación de trabajadores vigente en la zona Schengen.
Los Gobiernos deben, por eso, tener en cuenta el efecto trasnacional a la hora de definir su política migratoria, tanto en lo relativo a los inmigrantes legales como ilegales.
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