Al término de la toma de posesión de Enrique Durán como nuevo comisario jefe provincial de Alicante, preguntada sobre las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social realizadas en la comarca -que han permitido detectar la presencia de trabajadores sin papeles-, Llinares subrayó que el Gobierno "no puede tolerar que haya mano de obra ilegal".
En este sentido, y tras mantener ayer una reunión con los representantes sindicales y empresarios afectados por estas inspecciones "para conocer de primera mano lo ocurrido", la subdelegada se comprometió con ellos a "acelerar los trámites para que aquellas personas europeas, fundamentalmente de nacionalidad rumana o búlgara, puedan ser contratos y que tengan un contrato legal".
"Su queja es que para contratar, muchas veces tienen dificultades", explicó Llinares a los medios de comunicación, y por ello la Administración ya ha "puesto los mecanismos para que, en el menor tiempo posible puedan contratar de forma legal".
"Esas trabas que dicen que encuentran a la hora de contratar, nosotros se lo vamos a facilitar para que puedan terminar la recogida de uva, porque hay que saber también que es una actividad importante para esa comarca, y hay que compaginar los intereses de los agricultores".
Llinares concretó que hay unas "45 empresas" sancionadas por la inspección de Trabajo, y que ahora van a hacer "las alegaciones pertinentes", que una vez lleguen a la Subdelegación, serán estimadas y derivadas al jefe de la Inspección Laboral en Alicante.
Los empresarios afectados acudirán hoy a la Subdelegación para formalizar las peticiones de trabajadores que requieren para terminar la actual campaña.
Además, recordó que el Gobierno "apuesta por la contratación en origen", y resaltó que la semana pasada ella misma firmó 50 contrataciones para una fábrica de Pilar de la Horadada, de peones peruanos, y también se ha contratado en origen senegaleses para las labores de pesca.
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