Advierte de que las demandas salariales "excesivas" pueden tener "efectos negativos" sobre el empleo.
La reforma laboral, en vigor desde julio del pasado año, sigue impulsando la contratación indefinida a la vista de la evolución de la ratio de temporalidad, sin embargo, los contratos registrados en los últimos meses revelan que sus efectos se están "atenuando", según el último 'Boletín Económico' del Banco de España.
Así, la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez considera que se está produciendo una "cierta desaceleración" del empleo, según deduce de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año.
Del documento elaborado por el Banco de España se desprende que la reforma laboral podría haber sido insuficiente. Así, recuerda que "preferencias" como la estabilidad en el empleo o el aseguramiento del riesgo en el paro "serían responsables de que los impulsos reformadores tropiecen, con frecuencia, con la oposición de los agentes sociales, con lo que terminan debilitándose".
Asimismo, precisa que "el nivel de sindicación de los trabajadores, como variable que aproxima su poder de negociación, puede tener efectos negativos sobre el empleo si se traduce en demandas salariales excesivas o en la introducción de mínimos elevados".
MÁS REFORMAS ESTRUCTURALES.
En este sentido, el Banco de España recuerda que, en el marco de la Agenda de Lisboa, se puso de manifiesto la necesidad de acometer "reformas estructurales" para incrementar las tasas de productividad en el actual contexto de competencia global.
Además, señala que estas reformas requieren una organización más "flexible" del trabajo, así como una revisión de los sistemas de protección social, en línea con el modelo denominado "flexiseguridad" aplicado en Dinamarca, que viene inspirando los pasos a seguir en el seno de la UE.
Con todo, desde el Banco de España se precisa que el buen funcionamiento del modelo danés no significa que "necesariamente" puedan aplicarse sus características en otros Estados miembros, ya que cada uno tiene su propio marco institucional.
Además, entiende que el modelo danés comporta un coste elevado a las Administraciones Públicas, lo que, a su vez, se traduce en una elevada cuña impositiva sobre el trabajo, con los consiguientes efectos negativos sobre la oferta laboral.
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