El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se regula el programa de fomento de empleo que afectará a unos 2.000 trabajadores discapacitados al año y que supondrá un gasto en costes laborales y seguridad social de 7,5 millones de euros anuales.
Estos trabajadores contarán con el apoyo de preparadores laborales especializados que desarrollarán actividades de orientación y acompañamiento individualizado y deberán dedicar un tiempo mínimo de atención a cada trabajador, en función del grado de su minusvalía.
La ayuda está dirigida a las personas con discapacidad severa, que sean contratadas por una empresa del mercado ordinario de trabajo, mediante un contrato indefinido o de duración mínima de seis meses.
En el programa, que podrá aplicarse en todo el territorio español, se incluyen expresamente como destinatarios finales del programa a personas sordas o con discapacidad auditiva superior al 33%.
Los promotores de empleo con apoyo podrán ser las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro y los centros especiales de empleo que suscriban un convenio de colaboración con las empresas que contraten a trabajadores con discapacidad con el fin de desarrollar este tipo de acciones.
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