Los Veintisiete se mostraron ayer de acuerdo en que la inmigración no será suficiente para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones en la UE, por lo que son necesarias reformas, centradas sobre todo en incentivar el empleo.
Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), reunidos ayer en Bruselas, analizaron el impacto económico de la inmigración y llegaron a la conclusión de que, aunque la llegada de trabajadores extranjeros facilita, a corto y medio plazo, la financiación de las pensiones, a largo plazo, su repercusión en las finanzas públicas es "como mucho, marginal".
Insistieron, por eso, en que el aumento de la inmigración no debe servir de excusa para retrasar la puesta en marcha de las reformas necesarias de la Seguridad Social y abogaron también por adoptar medidas que incentiven la entrada y permanencia en el mercado laboral. "La inmigración no es el sustituto de las reformas estructurales", señalan las conclusiones del encuentro, que también recuerdan que la aportación de este factor al crecimiento depende en gran medida de la adaptación del mercado laboral, introduciendo más flexibilidad e incentivos al empleo.
El Ecofin también considera que los Estados miembros deben esforzarse por compensar los efectos negativos de la "fuga de cerebros" en los países de origen de los inmigrantes y facilitar el envío de remesas, una fuente de financiación esencial para las economías más pobres.
Por último, recuerdan que, dada la existencia en la UE de un mercado único sin fronteras interiores, los Estados miembros deben tener en cuenta que sus decisiones en materia migratoria afectan a los demás países.
Los Gobiernos, señalan, deben considerar "el efecto contagio", así como las dimensiones económicas y fiscales de cualquier medida relativa a la inmigración, tanto legal como ilegal.
Inciden, asimismo, en la importancia de reforzar la cooperación entre los Veintisiete y también con los países de origen de los inmigrantes.
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