España exige acabar con las excepciones que permiten trabajar más de 48 horas semanales pero podría acabar en minoría
Los ministros de Trabajo de la Unión Europea intentarán llegar hoy a un acuerdo sobre la norma comunitaria que regula el tiempo de trabajo. Esta directiva enfrenta desde hace tres años a los países que reclaman una mayor flexibilidad laboral, encabezados por Reino Unido y Alemania, contra los que quieren acabar con las excepciones ('opt-out') que permiten trabajar más de 48 horas semanales, liderados por España e Italia.
La propuesta de compromiso elaborada por la presidencia portuguesa se sitúa más cerca de las posiciones de Reino Unido que de España ya que consagra el 'opt-out' y eleva el tope máximo de tiempo de trabajo a 60 horas semanales. A cambio, Portugal pretende que Londres dé su visto bueno a la norma sobre trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, que se encuentra bloqueada desde 2002 y que también se tratará de aprobar en el Consejo de Empleo de este miércoles.
La delegación española, con el apoyo de Francia, Italia, Grecia y Chipre, ya logró en noviembre de 2007 bloquear la renovación de la directiva sobre tiempo de trabajo porque no fijaba una fecha para acabar con el 'opt-out', lo que a juicio de estos países es incompatible con la Europa social. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, intentará este martes mantener esta coalición, aunque Francia está estudiando cambiarse de bando, lo que dejaría al bloque español en minoría y permitiría aprobar la norma, según explicaron fuentes diplomáticas.
La "gran mayoría" de los Estados miembros respaldan las propuestas de la presidencia portuguesa y quieren aprobar la norma para resolver los problemas que les plantean las guardias médicas, subrayaron las fuentes consultadas.
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado en diversas ocasiones que las guardias deben considerarse tiempo de trabajo, y la directiva se reforma precisamente para evitar los elevados costes que tendría la aplicación de estas sentencias en sectores como la sanidad. Según la Comisión, 23 Estados miembros incumplen esta jurisprudencia.
Sobre este asunto ya hay acuerdo entre los Veintisiete en que el periodo inactivo de las guardias (por ejemplo, cuando los médicos duermen en el hospital) no sea considerado tiempo de trabajo, a no ser que se prevea lo contrario en las legislaciones laborales nacionales.
Además, la propuesta de compromiso establece que los descansos compensatorios puedan concederse en un periodo de tiempo razonable. Lo que es un periodo razonable se definirá en la legislación nacional, los convenios colectivos o en un acuerdo entre empresarios y trabajadores. El Tribunal exigía que el descanso se concediera de manera inmediata, y esta interpretación causaba también problemas en la mayoría de los Estados miembros.
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
Por lo que se refiere a la norma sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, el principal punto de desacuerdo es a partir de qué momento se debe garantizar una igualdad de trato salarial con los empleados de la compañía de destino. La propuesta de compromiso de Portugal obliga a introducir esta igualdad de trato como máximo 6 semanas después de que los temporales empiecen a trabajar.
Reino Unido, con el apoyo de Alemania, exige que la equiparación se conceda tras un plazo de seis meses. De lo contrario, sostiene Londres, los empresarios se enfrentarán a un incremento de costes y se reducirá la flexibilidad laboral. Esta norma no afectaría en ningún caso a España porque la legislación nacional ya garantiza la igualdad de trato desde el primer día.
La presidencia portuguesa espera que ligando la aprobación de la norma sobre tiempo de trabajo y la de trabajadores temporales podrá superar el bloqueo que han sufrido ambas iniciativas desde hace años. En concreto, pretende que los británicos levanten su veto a la directiva sobre trabajadores temporales a cambio de que se les garantice el 'opt-out' a la jornada laboral de 48 horas. Pero el acuerdo simultáneo sobre dos normas tan polémicas parece muy difícil, según las fuentes consultadas.
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