La afiliación de inmigrantes a la Seguridad Social sigue aumentando a gran ritmo a pesar de haberse agotado el proceso de regularización materializado hace dos años. De los 19,4 millones de cotizantes, 2,02 millones son trabajadores extranjeros, lo que supone casi el 10%. El dato más significativo es que el ritmo de afiliación de los inmigrantes crece al 8,38%, lo que prácticamente triplica el de españoles, que apenas crece un 2,7%.
El dato revela que el proceso de incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral mantiene su vigor. Sin embargo, la composición de esos contingentes está experimentando importantes cambios. El más relevante es el progresivo incremento de los trabajadores de origen rumano – y en menor grado de búlgaros- en detrimento de los colectivos procedentes de países latinoamericanos, que registran un claro estancamiento, cuando no un descenso en determinados países.
Exactamente, el número de trabajadores procedentes de los cinco mayores países latinoamericanos que cotizan a la Seguridad Social ha pasado en los doce últimos meses de 589.000 a 596.000 afiliados, lo que supone un incremento del 1,18%. No obstante, colectivos como el ecuatoriano han visto descender sus efectivos (de 275.000 a 265.000 personas, con un descenso del 3,60%) y otros como el argentino han entrado en fase de estancamiento (al pasar de 55.689 a 56.086 personas, un ligero incremento del 0,71%). Asimismo, el aumento en el colectivo marroquí – el más numeroso de todos los procedentes de la inmigración- ha pasado de 256.622 a 265.635 afiliados, lo que supone una subida de algo más del 3%.
En contrapartida, el colectivo de trabajadores procedentes de Rumanía se ha incrementado en este periodo en 53.950 personas (han pasado de 171.401 a 225.351 afiliados), lo que supone un incremento del 31%. Según fuentes del Ministerio del Interior, esta tendencia es mucho más elocuente si se consideran los datos de residentes donde los rumanos ya representan un colectivo de 505.670 personas, de las que 294.345 han llegado en los diez primeros meses.
Esta situación se explica por el ingreso de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea desde enero del 2007. Formalmente, existe una moratoria de dos años pactada entre el Gobierno español, los sindicatos y la patronal por razones relacionadas con el elevado índice de paro entre la población inmigrantes. Sin embargo, la medida no ha dado resultado. La consecuencia más inmediata es que desde Interior se han relajado los controles sobre los colectivos procedentes de la ampliación de la UE. Y contrariamente se ha incrementado la presión sobre los irregulares latinoamericanos y magrebíes.
Del mismo modo, una parte importante del colectivo rumano ha aprovechado el vacío legal existente para hacerse autónomos y trabajar en sectores de poco valor añadido como construcción, restauración o empleadas de hogar. Así han conseguido la legalización y entrar en la Seguridad Social. Esta situación no es del agrado de todos. Desde determinados sectores patronales se señala que la actual presión policial lleva a un numeroso colectivo de personas a pasar a la clandestinidad. También resaltan los problemas lingüísticos derivados de sustituir latinos por rumanos.
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