Autónomos y funcionarios protagonizaron un año en el que lograron sus estatutos y en el que también se aprobó una reforma de la Seguridad Social que endurece el acceso a una pensión contributiva y a la jubilación parcial, y que incentiva que la gente trabaje más allá de los 65 años.
Desde el pasado 12 de octubre, tres millones de autónomos cuentan con un Estatuto que regula sus derechos y deberes, y con el que, según las organizaciones principales del sector, se hace justicia a un colectivo olvidado, pero con gran peso en la economía.
El problema estriba en que queda pendiente que se regulen por reglamento algunos puntos importantes, como la cobertura por cese de actividad o por accidente de trabajo.
Lo que sí está aprobado es que a partir del 1 de enero de 2008 los emprendedores cuenten con cobertura por incapacidad temporal, así como la creación del autónomo económicamente dependiente (trade, que es el que recibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos de un mismo cliente).
Se les reconoce la jubilación anticipada a los que realicen actividades peligrosas o tóxicas y se incentiva la prolongación de la vida laboral.
Otro gran colectivo, de 3,5 millones de personas, que fue agraciado con un Estatuto fue el de los funcionarios y empleados públicos de las tres administraciones.
El derecho a la negociación colectiva, una nueva estructura retributiva (ligada a la productividad y los rendimientos), nuevos modelos de promoción profesional, mejora de las normas de acceso y la formación y la creación de la figura del personal directivo, son derechos y deberes que implanta.
Pero la reforma del año, porque afecta a todos, fue la de la Seguridad Social, que también entrará en vigor el 1 de enero.
Sus principales novedades son que se eleva a quince años el período mínimo necesario para acceder a una pensión contributiva y que se incentivará a quienes sigan trabajando más allá de los 65 años incrementándoles entre un 2 y un 3 por ciento su prestación hasta los 70 años.
Además, se aumenta hasta los 61 la edad para acceder a la jubilación parcial, se reconoce la pensión de viudedad a las parejas de hecho con convivencia acreditada de al menos cinco años o hijos comunes y se mejoran las prestaciones de los que se prejubilaron antes del 1 de enero de 2002.
El objetivo de todos estos cambios es hacer el sistema de pensiones más sostenible financieramente, para lo que el Gobierno ha incrementado este año el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, hasta los 45.704 millones.
A que siga siendo sostenible también contribuye la creación de empleo. El paro registrado, a 30 de noviembre, afectaba a 2.094.473 de personas, el 2,24 por ciento más que el mes anterior, y ha subido en 71.309 en los últimos doce meses.
En términos acumulados, hasta noviembre se han suscrito 2.085.873 contratos indefinidos, 143.750 (el 7,40 por ciento) más que en el mismo periodo del año pasado, de los que a tiempo completo han sido 1.513.234, el 5,81 por ciento más, y a tiempo parcial 572.639, el 11,86 por ciento más.
En cuanto a la afiliación, a 30 de noviembre ascendía a 19.325.697 personas inscritas para el conjunto del sistema y a 14.859.964 para el Régimen General.
También en el plano laboral se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 y la ley reguladora de la subcontratación en la construcción, ambas con el objetivo de reducir las muertes en accidente laboral (según los últimos datos disponibles, entre enero y septiembre se contabilizaron 873, el 15,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado).
Los cambios no sólo afectaron a las normas, también a las personas: José María Cuevas, por razones de salud, abandonó en febrero la presidencia de la CEOE, que ejerce desde junio Gerardo Díaz-Ferrán; y Jordi Sevilla fue sustituido en julio al frente del Ministerio de Administraciones Públicas por Elena Salgado.
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