La entrada de trabajadores rumanos y búlgaros a España tras la adhesión de sus países a la UE, el pasado 1 de enero, ha propiciado un aumento de la irregularidad en el mercado laboral, según el catedrático Joaquín Arango, codirector del Anuario 'La Inmigración en España 2006', presentado ayer.
Durante la presentación de la obra, editada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Arango ha subrayado los efectos positivos de la regularización de trabajadores extranjeros de 2005, que permitió normalizar la situación de más de 500.000 personas.
Ese proceso pretendía 'poner el contador a cero', pero es 'difícil' contabilizar el número de extranjeros indocumentados, ha afirmado el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid -experto en temas de inmigración-, quien ha señalado que la mayoría de quienes se acogieron a la regularización siguen trabajando.
En este sentido, ha rechazado que se pueda cuantificar la cifra de irregulares en España comparando los permisos y los empadronados, entre otros motivos porque los extranjeros comunitarios pueden legalmente prescindir de solicitar una tarjeta de residencia.
Sobre la entrada de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea, Arango ha recordado que en España se impuso una moratoria laboral de dos años, lo que ha creado una situación anómala' y 'difícil' de gestionar (son residentes, pero sin autorización para poder trabajar).
Ello ha contribuido a 'inflar la cifra' de trabajadores irregulares en España, ha añadido Arango.
En el Anuario el profesor de Sociología de la Universidad Complutense y presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Lorenzo Cachón, compara la estimación de extranjeros ocupados según la EPA con los extranjeros afiliados en situación de alta en la Seguridad Social para estimar la irregularidad en el mercado laboral.
Así, afirma, en el grupo de los extracomunitarios 'se abre una brecha creciente' entre afiliaciones y ocupados, salvo por una importante reducción en 2005.
Mientras que el número de afiliados extracomunitarios creció en unos 580.000 durante 2005, el escaso aumento durante 2006 (70.000) hizo que la diferencia entre afiliados y ocupados a finales de 2006 superara 'nuevamente las 600.000 personas'.
Según Cachón, la proporción de personas sin alta en la Seguridad Social, de entre todos los trabajadores extracomunitarios, 'se disparó de un 20 por ciento (finales de 2000) a casi el 50 por ciento (2004), y cayó más de 20 puntos porcentuales durante 2005 para después crecer de nuevo, alcanzando el 35 por ciento en 2006.
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