La primera ley china sobre los contratos laborales, que entrará en vigor el 1 de enero, marca un intento imperfecto de recuperar el tiempo perdido en el área de la protección salarial del gigante asiático.
El texto estipula que todo empleo debe ser objeto de un contrato, algo aún raro en este país convertido tardíamente al mercado, y aborda múltiples aspectos del derecho laboral, como despidos e indemnizaciones.
La ley "sigue siendo general, con ambigüedades, pero busca equilibrar el interés de los empleados y los empleadores", comentó Li Hua, de la consultora Gide Loyrette Nouel. "Se imponía ante los nuevos desafíos económicos que enfrenta China", subrayó el abogado.
Con el alza del nivel de vida y de la educación, los años recientes vieron la explosión de conflictos laborales, que aumentan cerca de un 30% cada año en las grandes ciudades. Hasta los campesinos-obreros, esas decenas de millones de trabajadores migrantes explotados en las metrópolis donde buscan empleo, sobre todo en fábricas y obras de construcción, aprendieron a reagruparse para reclamar lo que se les debe, a veces varios meses de salarios impagados.
China dejó atrás la era donde todo dependía del Estado y los conflictos eran solucionados jerárquicamente, una era donde cada uno tenía su "bol de arroz de hierro": un empleo y una ración de comida diaria garantizados. La apertura económica en 1984 condujo a una primera ley sobre el trabajo, 10 años más tarde. "Una ley muy flaca, sin detalles", estimó Chang Hee Lee, un experto de la Organización Internacional del Trabajo en Pekín.
La nueva ley prevé sobre todo sanciones para los malos empleadores: salario doble al cabo de un mes de trabajo sin contrato, contratos indefinidos al cabo de un año de trabajo temporal. También obliga a titularizar por una duración indeterminada a todo empleado que tenga 10 años de antigüedad.
"El principio de base es que quien viola la ley se expone a costos elevados", resumió recientemente la revista económica Caijing. Esto es precisamente lo que denuncian algunos jefes. "Esta ley causará daños", aseguró el economista Andy Xie, en cuya opinión no beneficiará a la gente que supuestamente debe proteger: obreros, camareros, todo empleo pequeño con fuerte tasa de rotación.
La ley ya ha generado efectos contraproducentes: cascadas de "renuncias voluntarias", mencionadas por la prensa, sobre todo en el fabricante de equipamiento de telecomunicaciones Huawei. Los empleados que se acercan a los 10 años de antigüedad renuncian "espontáneamente" con la perspectiva de ser vueltos a contratar más tarde, con nuevos contratos, a duración determinada. "Habrá problemas, pero como en otras partes del mundo, la adaptación tendrá lugar. Es una cuestión de tiempo", estimó Chang Hee Lee.
La ley no es realmente revolucionaria y retoma disposiciones -como el contrato indefinido de los antiguos empleados- extendidas ampliamente en el mundo, incluido en los vecinos asiáticos. "Fue bastante bien recibida pero sigue estando atrasada sobre varias cuestiones", declaró recientemente a la revista Lifeweek un responsable de la ACFTU, la central sindical única afiliada al Partido Comunista, en el poder.
Permanece en pie la dificultad de aplicarla en este vasto país, un tema que podría ser resuelto por un proyecto a estudio que apunta a facilitar los recursos de los empleados y garantizar la gratuidad del arbitraje, según Li Hua.
Sin embargo, "pese a todas sus imperfecciones, la ley marca un gran paso, a más largo plazo, hacia una mejor protección de los trabajadores", estimó Lee.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.