El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró que la aplicación efectiva del nuevo IRPF en la declaración de la renta de 2008 mejorará la progresividad para las rentas más bajas, en la medida en que elevará el mínimo exento personal y familiar.
En declaraciones a Europa Press, Ferrer apuntó que 'la parte negativa' de la aplicación de la última reforma fiscal será la disminución del Impuesto sobre Sociedades, así como de los impuestos sobre el capital, ya que estos cambios generaran al Estado una pérdida de ingresos y, por lo tanto, 'una disminución de la suficiencia para mejorar la inversión social'.
Por otro lado, en relación a la supresión del Impuesto de Patrimonio, Ferrer indicó que hacerlo desaparecer, como proponen tanto PSOE como PP, 'no va a beneficiar a los contribuyentes medios y bajos', sino que va a permitir 'que las grandes rentas, al no haber transparencia en el impuesto, puedan desarrollar actuaciones de elusión fiscal'. 'Por eso, desde UGT planteamos la necesidad de revisar el impuesto, pero nunca hacerlo desaparecer', apostilló.
Así, Ferrer abogó por la necesidad de que los partidos políticos realicen propuestas fiscales 'de una manera integral', porque de esta manera se evitaría 'que se den tratamientos distintos por tramos de renta o a rentas del capital'.
'El modelo fiscal debe ser equitativo, dando el mismo tratamiento a las distintas rentas, ya sean del trabajo o del capital; debe tener un carácter progresivo y debe garantizar que las rentas más bajas tengan un tratamiento satisfactorio', añadió.
En este sentido, especificó que el sistema financiero debe garantizar, asimismo, 'la suficiencia de ingresos –del Estado– para atender las necesidades que tiene la sociedad española, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que están aconteciendo o que van a acontecer'.
CRISIS EN LA CONSTRUCCIÓN
Por otro lado, desde UGT constataron que la construcción está atravesando 'un periodo de desaceleración' que se está reflejando ya en los datos del paro registrado en el sector. No obstante, Ferrer apostilló que, aunque las cifras del paro en el 'ladrillo' deben preocupar a los sindicatos, 'tampoco hay que exagerar en este momento'.
'Las previsiones de construcción de vivienda para 2008 permiten establecer unas previsiones de una cierta moderación, por una parte, por lo tanto la capacidad de creación de empleo se va a sostener a pesar de que sea de menor intensidad que en el periodo anterior', subrayó.
Con todo, hizo hincapié en la necesidad de 'intensificar el recambio' hacia otros sectores, potenciando 'las actividades industriales que están creciendo' y que se deben apoyarse desde 'la inversión tecnológica y la inversión en formación en el sector'.
EL SALARIO MÍNIMO ES 'INSUFICIENTE'
Por otro lado, el secretario de Acción Sindical de UGT consideró que el incremento del salario mínimo hasta los 600 euros 'es una cuantía insuficiente'.
Los sindicatos mayoritarios, continuó, han planteado una propuesta consistente en 'referenciar el salario mínimo al salario medio', algo que supondría 'terminar la próxima legislatura, en 2012, por encima de los 800 euros y alcanzar el 60% del salario medio en la siguiente legislatura'.
'El PSOE y el Gobierno han manifestado una valoración positiva de esta propuesta y su predisposición a abordarla en el marco del diálogo social, mientras que, desafortunadamente, el PP se ha manifestado en contra. Quizá está repitiendo lo que hizo en el Gobierno cuando, en vez de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, lo empobreció', matizó.
Asimismo, en relación a la posibilidad de que se realice una reforma laboral en la próxima legislatura que incluya una prolongación de la vida laboral de los trabajadores, Ferrer comentó que, dado que cada vez hay más esperanza de vida, 'eso lleva a que hay que revisar los sistemas de pensiones'.
'En España ya se está haciendo. La Reforma de la Seguridad Social plantea incentivos, políticas de estímulos, para prolongar la vida laboral, siempre con carácter voluntario', aclaró.
No obstante, dijo que esas medidas deben ir acompañadas de otras que impidan que los trabajadores de 52 ó 55 años 'sean expulsados del mercado de trabajo contra su voluntad con el único argumento de que son mayores'.
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