Ocho de cada diez perceptores del salario social en Asturias están en edad de trabajar. El dato figura en el balance de cierre del ejercicio de 2007 sobre la aplicación en el Principado de la renta básica. Las cifras, facilitadas por la Consejería de Bienestar Social, revelan además que el número de personas que consiguen dejar el subsidio es muy pequeño. Poco más de 300 el pasado año.
Paulo González, director general de Prestaciones, no quiere decirlo expresamente, pero deja entrever que, con las cifras en la mano, algo falla. El reglamento que desarrolla la aplicación del salario social, y que había dejado redactado el anterior equipo de la consejería, con Izquierda Unida al frente, se aprobará al final con ligeras modificaciones. González asegura que son sólo cuestiones "de matiz". La más importante hace hincapié en la obligatoriedad de seguir un plan individualizado de inserción laboral si se quiere seguir cobrando la prestación.
El balance de 2007 revela un incremento exponencial de los preceptores del salario social. El número de beneficiarios directos en 2006, incluyendo a los receptores del llamado entonces ingreso mínimo de inserción, fue de 2.129. Tan sólo un año más tarde, con la ley de salario social plenamente operativa, los subsidiados directos ascendieron a 5.275. El número total de beneficiarios, incluyendo los distintos integrantes de cada unidad familiar, superó ligeramente los 11.000.
A Bienestar Social, más allá del número de receptores, le preocupa su perfil. Los datos aportados por la dirección de Prestaciones apuntan que sólo el 20% de los beneficiarios reciben el salario social como complemento a una pensión no contributiva. El resto, casi 4.200, están en edad laboral. Paulo González aclara, pese a todo, que algunos de ellos sufren discapacidades que les impiden trabajar. No es, sin embargo, la norma habitual. Por tramos de edad, el mayor número de preceptores se sitúa entre los 25 y los 44 años. Por sexos, el subsidio en mujeres llega a casi a duplicar al de varones.
El salario social ha sido desde la discusión de la ley que lo hizo posible en el Parlamento autonómico objeto de discrepancias entre PSOE e IU, que formaban parte del mismo gobierno durante la anterior legislatura. A punto estuvo de hecho de hacer saltar el pacto por los aires. Los socialistas, que ahora gestionan la Consejería de Bienestar Social en un Ejecutivo monocolor, afirman que es necesario reforzar los planes de inserción laboral para evitar que los beneficiarios se instalen definitivamente en el subsidio.
EL EJEMPLO DE LA CAJERA Si una cajera de supermercado sabe que puede recibir casi la misma retribución sin trabajar gracias al salario social estará tentada de hacerlo. Es el sentir de algunos miembros del partido socialista. De ahí, la necesidad de hacer hincapié en los planes de inserción. El Principado llevará a la Junta un plan autonómico que pretende servir de marco para las distintas iniciativas de inclusión. Paulo González aporta datos sobre las personas que dejan el subsidio. A 31 de octubre de 2007, con el ejercicio aún por cerrar, Bienestar había tramitado 26 renuncias voluntarias y había extinguido 311 prestaciones tras comprobar que los beneficiarios del salario social estaban trabajando.
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