La propuesta, presentada ayer en una rueda de prensa por la secretaria del Departamento de Trabajo, Elaine Chao, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y el subsecretario del Departamento de Agricultura, Chuck Conner, supone revisar la norma sobre estos visados, que data de 1986 y no ha sido reformada.
Bajo el lema ‘protegiendo nuestras fronteras, protegiendo a los trabajadores estadounidenses y fortaleciendo la agricultura estadounidense’, la reforma pretende que más empleadores del sector recurran a la contratación legal al facilitarles el proceso de tramitación de las solicitudes.
El problema de la actual normativa es que el proceso es demasiado ‘burocrático, ineficaz, oneroso y lento’, según Chao.
‘Este problema tiene que ser resuelto o nuestro país experimentará una pérdida de competitividad en el sector agrícola, con la consecuencia de que se pudrirá la cosecha y aumentarán las exportaciones de los alimentos de producción nacional’, dijo Chao.
A juicio de Chao, la reforma se produce a petición del presidente George W. Bush, quien, tras el fracaso el año pasado de la reforma migratoria, instó a los departamentos a que revisen los procedimientos de sus programas para inmigrantes.
Según cifras oficiales, la fuerza laboral en el sector agrícola asciende a 1,2 millones de trabajadores en julio, el mes de más trabajo, pero los agricultores solo contratan a unas 75.000 personas a través del programa de visados H-2A.
Así, las autoridades conceden actualmente a apenas el 10 por ciento de los trabajadores elegibles la autorización necesaria, lo que ‘simplemente no es aceptable’, señaló Conner.
El Gobierno calcula que entre un 50 y 70 por ciento de los trabajadores agrícolas son ilegales en EE.UU., lo que supone entre 600.000 y 800.000 personas que podrían ser contratadas legalmente.
Según Chertoff, el sector agrícola lleva tiempo pidiendo cambios en el programa de visados H-2A, algo que el Gobierno quiere solucionar, pero sin poner en peligro la seguridad nacional.
Chertoff aseguró que el actual programa es tan ‘antipático’ para los empleadores que no recurren a esta vía para contratar legalmente personal para las cosechas.
‘Desafortunadamente aquellos agricultores que sí participan en el programa y cumplen con todos los requisitos, afrontan el problema de no poder contar a tiempo con los trabajadores por los retrasos burocráticos’, afirmó Conner.
La actual normativa prevé que las autoridades tengan que autorizar los visados en un plazo de 15 días, lo que ‘nunca se cumple’, indicó Chao.
Por ello, el Gobierno prevé eliminar las duplicidades en el proceso de aplicación, de manera que los agricultores pueden tramitar su solicitud directamente con el Departamento de Trabajo y ya no tendrán que pasar también por las agencias estatales.
Por otro lado, mejorará el proceso de certificación laboral, al exigir a los empleadores que atestigüen que cumplen con todos los requisitos del programa.
El Departamento de Trabajo llevará a cabo controles y podrá imponer sanciones y multas de hasta 100.000 dólares, e incluso revocar el certificado si detecta irregularidades.
La reforma incluirá, asimismo, una revisión de la metodología para calcular los salarios para adoptarlos mejor a la actual coyuntura económica y sectorial.
Los empleadores tendrán que anunciar durante más tiempo los puestos de trabajo para estadounidenses antes de recurrir a la mano de obra extranjera y no podrán trasladar los costes del programa a los inmigrantes.
El Gobierno, que incrementará las tasas para los visados, propone extender de 10 a 30 días el límite de tiempo que un trabajador temporal puede permanecer en EE.UU. tras expirar su visado y reducir de seis a tres meses el tiempo que los inmigrantes tienen que esperar fuera del país para volver a entrar.
Además, prevé que la reforma se apruebe entre julio y agosto y que pueda entrar en vigor la próxima temporada.
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