Más de medio centenar de rederas de diversos puntos de Galicia se encerraron ayer en las instalaciones de la Inspección de Trabajo en Vigo para reclamar a la autoridad laboral que actúe para combatir el ‘intrusismo’ profesional que afecta a este sector.
La presidenta de la Federación Galega de Redeiras, Evangelina Martínez, explicó ayer, en declaraciones a los medios, que actualmente existen dadas de alta un total de 700 trabajadoras en la comunidad que se ven perjudicadas por el ‘gran intrusismo’ que afecta al sector, y que fijó en el 65%. Según añadió, el problema afecta a la mayor parte de los puertos gallegos, en especial, a los de Malpica, Laxe y Ribeira.
Así, explicó que esta situación da lugar a consecuencias como que ‘en algunos puertos las mujeres llevan tres meses sin trabajar’ pese a que continúan con los pagos del régimen de autónomos, ya que estas labores son realizadas por las personas que realizan esta actividad ‘cobrando en negro’. También lamentó la ‘discriminación’ que sufren los que trabajan en el sector debido a que está formado en su gran mayoría por mujeres.
‘Es triste que las propias trabajadoras tengamos que pedir a la Administración que actúe’, afirmó, acompañada de compañeras procedentes de diferentes puntos de la comarca de O Morrazo, Malpica, Aguiño y O Son, al tiempo que mostró que, de no alcanzar resultados con la movilización de hoy, en la que pedían una cita con el jefe de la Inspección, José María Casas de Ron, continuarán con nuevas acciones. CIG.
Por su parte, el responsable de CIG-Mar, Xavier Aboi, quien apoyó la concentración de ayer, criticó a la Inspección de Trabajo, a Hacienda y a la Consellería de Pesca por ‘hacer oídos sordos’ ante las denuncias realizadas por el colectivo de rederas, que piden ‘las mismas condiciones para todos’.
En este sentido, demandó a los responsables políticos que se ocupen del problema y manifestó su intención de seguir apoyando las movilizaciones hasta obtener resultados. Por ello, apuntó la posibilidad de ‘acudir a los mítines’ de la campaña electoral para escenificar su protesta.
Aboi afirmó que el gran intrusismo que padece el sector hace que en muchos casos las rederas que trabajan dentro de la legalidad, dadas de alta en el régimen de autónomos, ‘cobran dos euros la hora y, a veces, no ganan lo suficiente para pagar a la Seguridad Social’.
Además, advirtió de que la situación cuenta con la ‘complicidad’ de las empresas de suministros navales por dar trabajo ‘a jubilados y personas que cobran otro tipo de subsidios y pagarles en negro’.
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