El secretario general de Empleo, Antonio González, aseguró ayer que, para ganar el pulso a la competitividad, es precisó avanzar hacia una mayor flexibilidad en las formas de organizar internamente el trabajo en las empresas, en el marco de la negociación colectiva y mediante la aplicación efectiva de las normas ya existentes en esta materia.
Según precisó durante un almuerzo-coloquio organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el modelo laboral vigente en España se basa más en la flexibilidad externa, íntimamente vinculada a los costes laborales y las condiciones de contratación y despido, que en la interna, relacionada con la movilidad, la organización de los horarios, etc.
Este modelo, continuó, induce al desarrollo de actividades de menor valor añadido y al empleo poco cualificado, y desincentiva los altos niveles de cualificación y formación, que son los fundamentos de una mayor competitividad.
Además, añadió que este modelo facilita el aumento de la temporalidad y eleva "muchísimo" los gastos por prestaciones por desempleo, así como el gasto en políticas de empleo, por lo que supone un sistema "bastante caro". Frente a este sistema, está el de la "flexibilidad interna", compatible con la estabilidad en el empleo, y, por tanto, más competitivo y barato.
UTILIZAR LA NORMATIVA VIGENTE
Según González, existe un "punto de equilibrio" entre uno y otro al que se debe aspirar y que debe lograrse fomentando una negociación bilateral entre empresas y empleados, y aplicando la normativa vigente al respecto.
Según explicó, la reforma laboral de 1994 contemplaba muchas medidas relacionadas con la organización de los horarios de trabajo, organización interna, régimen de descansos, etc., que, sin embargo, no fueron desarrolladas suficientemente "porque se disponía de la temporalidad".
Sin embargo, la última reforma laboral ha permitido un descenso de la tasa de temporalidad por debajo del 31%, mientras que los salarios españoles son de los más altos de la UE-27, por lo que ya no son competitivos y "la vía de los costes salariales está cerrada".
Por todo ello, González consideró que "no queda otro remedio" que avanzar hacia el cambio de modelo y la aplicación de las medidas previstas en esta dirección. "Tiene que haber un cambio conceptual", apostilló, antes de constatar que cada día "hay más conciencia empresarial de que hay que avanzar por ahí".
El secretario general de Empleo aderezó estas explicaciones con cifras que vienen a constatar que algo está cambiando. Según datos del Ministerio de Trabajo, de los 2,9 millones de empleos creados en la presente legislatura, 1,5 millones, más del 50%, correspondió a trabajadores con un nivel de formación superior a la educación secundaria.
Además, el 40% de los trabajos (1,17 millones de empleos) fueron de alta o muy alta cualificación y crecieron un 21%. Concretamente, este porcentaje de nuevos puestos se encuadró en los tres primeros grupos de los diez que integran la clasificación nacional de ocupaciones: Dirección de empresas y de la administración pública, técnicos, profesionales, científicos e intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo. Frente a ellos, los empleos de cualificación baja supusieron el 40% y aumentaron un 16,7%.
Con todo, queda mucho camino por recorrer en estos aspectos, según González. Así, España sufre un "peso excesivo" de los modelos tradicionales de organización del trabajo, de forma que si el 40% de los trabajadores de la UE se encuentran inscritos en modelos modernos, en España sólo suponen el 20%. Más aún, España ocupa el penúltimo puesto de la UE en sistemas de rotación de tareas en el ámbito laboral y el último en sistemas de introducción de trabajo en equipo.
BASTA DE DEMAGOGIA
Finalmente, González se refirió a la polémica suscitada por los cambios introducidos en la metodología de cálculo del paro. En este sentido, señaló que, a 31 de enero, hasta 19.000 personas habrían quedado fuera de las listas del paro por este motivo, si bien matizó que estas personas no eran parados propiamente dichos, sino que se encontraban en la ‘lista’ de demandantes de otros servicios.
Así, explicó que muchas personas inscritas en esta lista no buscan realmente un empleo, sino que se dan de alta para poder acceder a ciertos servicios municipales que exigen la inscripción en este registro. Sin embargo, muchos otro sí demanda un empleo, aunque sus circunstancias (edad, formación, etc.) hacen muy complicado su acceso a uno y requieren servicios previos de formación.
Por ello, los cambios introducidos estarían encaminados, no a maquillar las estadísticas sobre el paro, sino a integrar a estas personas, que suponen además una "cifra irrelevante" y en descenso desde el mes de noviembre, en el "circuito de las políticas activas de empleo". En este sentido, González pidió que "no se haga más demagogia".
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