En Europa hay 78 millones de personas, 9 de ellos españolas, amenazadas por la pobreza y de ellas 19 millones son niños. Son cifras preocupantes por su magnitud pero que, puestas en perspectiva, hablan positivamente de la aplicación de políticas de empleo y de inclusión social, que los países de la Europa comunitaria llevan poniendo en práctica desde hace años, según estimaba este lunes la Comisión europea, durante la presentación de un informe sobre Protección e Inclusión Social, que los líderes de la UE analizarán en el curso de su próxima cumbre de marzo.
Una persona corre riesgo de caer en la pobreza cuando sus ingresos no alcanzan al 60 por ciento del salario medio del país en el que vive. En el caso de los niños, (hasta los 17 años), la definición es algo diferente. Se considera que un menor corre peligro de ser pobre cuando vive en hogares afectados por el paro o sus padres, aún trabajando, lo hacen ocasionalmente, o por una remuneración muy baja.
De acuerdo con las últimas cifras disponibles, el 20 por ciento de la población española (9 millones sobre 45 censados) y el 24 por ciento de los niños menores de 17 años se encontraban próximos del umbral de la pobreza a comienzos del pasado mes de febrero.
Ese umbral lo sitúa Eurostat, el servicio estadístico de la UE, por lo que a España respecta, en 1.318,3 paridades estándar de poder de compra para las parejas con dos hijos. En Francia, el umbral está situado en 1.595 PPC y en 492 en Letonia. El Producto Nacional Bruto español por habitante, expresado en PPC, supera los 23.000 euros.
Exposición al riesgo
El informe contiene datos muy reveladores, como que España era el tercer socio de la UE-25 en 2005 (sin contabilizar a Rumania y Bulgaria, que se han adherido este año), en el que tanto los adultos como los niños de hogares con empleo están muy expuestos al riesgo de pobreza. Son un 10 por ciento de adultos y un 20 por ciento de niños los que viven en esas circunstancias. Sólo Portugal y Polonia presentan datos peores, mientras que, en el otro lado de la clasificación, se encuentran países con fuertes redes de protección social, como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Eslovenia o Bélgica.
Poco puede extrañar que sean algunos de los nuevos socios de la UE (Polonia, Letonia, Hungría, Rumania o Lituana), aquellos en los que mayores porcentajes de sus poblaciones respectivas de niños corren riesgo de caer en la pobreza, pero sorprende constatar que Italia se encuentra al mismo nivel que los tres últimos países mencionados, y que el Reino Unido y España van inmediatamente después.
En lo que al riesgo de pobreza de adultos respecta, España figura en el tercer puesto de la clasificación junto con Italia y Lituania, detrás de Letonia y Grecia.
El informe identifica cuatro grupos de países, en función de que ofrezcan mayores garantías a sus poblaciones contra la pobreza. España figura en el último, junto con Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal. Luxemburgo se encuentra adscrito al grupo, pero constituye una anomalía estadística, debido a la gran cantidad de su población que trabaja fuera del país y tiene así garantizadas sus coberturas sociales.
El informe revela también que en la Europa comunitaria, las jubilaciones anticipadas comienzan a acelerarse a partir de los 54 años y hasta los 65, una tendencia esta que habría que corregir si se quieren satisfacer los objetivos de la Estrategia de Lisboa sobre tasa de ocupación de población activa.
El informe destaca los avances logrados por las políticas de protección e inclusión social en marcha, y advierte que “el crecimiento y la creación de empleo no mejoran automáticamente siempre las condiciones de los más desfavorecidos”.
Fernando Pescador
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