Seguridad, jornada laboral y salarios. Son los tres caballos de batalla de los sindicatos en su lucha contra los excesos en el sector de la construcción, particularmente en las obras del trazado del AVE. Atacar en los dos primeros frentes en relativamente fácil, pues basta que un inspector de trabajo acuda al lugar y compruebe situaciones tan obvias como que se trabaje en festivo, algo que prohíbe el convenio colectivo de la construcción. Demostrar que un trabajador cobra menos dinero del que figura en la nómina que ha firmado, aunque el afectado se decidiese a decirlo ante un juez, es mucho más difícil. Con todo, es el férreo silencio con el que los portugueses que trabajan en las obras del AVE gallego sobrellevan la precariedad lo que impide ponerles remedio. Los sindicatos lo saben y sus dirigentes se desesperan. Saben que luchan por los derechos de unos trabajadores a pesar de ellos, cuando no obligados a ignorar y superar su abierta hostilidad.
«Casos tivemos, contadísimos, dalgún traballador que chegou ata nós con idea de reclamar. Pero cando firma que percibe unha cantidade, superior á real, non é posible convencer a un xuíz de que cobrou menos», dice Javier Carreiro, de UGT, que alerta sobre la bola de nieve que se está creando con empresas que operan sin el más mínimo rigor. Que una firma lusa se hubiese encargado de la iluminación navideña de la ciudad de Ourense durante los últimos dos años debería llevar a la reflexión, según sugiere este sindicalista. «Se non cumplen coas mesmas obligacións das empresas ourensáns, das galegas, están abusando, e iso chámase competencia desleal».
Prolongación de jornada
Que hay trabajadores que prolongan sus jornadas más allá de lo razonable, que cobran sueldos por debajo del convenio colectivo vigente a este lado de la frontera, que desarrollan su actividad incluso en días no laborables, en algunos casos con carencias y deficiencias en las medidas de seguridad empleadas en los centros de trabajo, son, en lo fundamental, los motivos de las distintas denuncias que ha investigado la Inspección de Trabajo de Ourense. Del resultado de esas pesquisas nada se sabe. La extraordinaria discreción con la que en la Administración se siguen estas actuaciones impide conocer los detalles que sí afloran cuando el alcance de la infracción entra en la vía judicial, ya se trate del ámbito de lo social o del penal.
La pelea por la normalización choca, en cualquier caso, con la nula disposición de los trabajadores que padecen esta situación de evidente precariedad. La coincidencia es absoluta entre los dirigentes locales de UGT, CC.?OO. y CIG. Saben que los obreros lusos que desarrollan su actividad en Galicia, igual en las obras del trazado del AVE como en otras subcontratas en promociones privadas, cobran por debajo de lo que perciben quienes tienen DNI, aunque firmen las mismas nóminas que sus compañeros españoles para cubrir las apariencias. Todos, eso sí, ganan más de lo que ingresarían en su país de origen. Si tuviesen trabajo. Luego, callan.
La presencia de trabajadores portugueses en Galicia alcanzó el pasado 31 de enero las 13.285 personas, según datos de afiliación a la Seguridad Social. Sobre 10.900 operarios extranjeros en la construcción, entre afiliados al régimen general y autónomos, en los 7.500 comunitarios una parte importante proceden de Portugal.
La cifra real, de todos modos, es «totalmente imposible de determinar», según la impresión de Etelvino Blanco, de la CIG. «Son empresas portuguesas, que non cotizan aquí polos seus traballadores, polo que se nos escapa toda posibilidade de control».
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