Para los inmigrantes en situación irregular obtener un contrato de trabajo es el salvoconducto para tener los papeles en regla. Con la actual legislación de extranjería, el contrato laboral es imprescindible para poder regularizar su situación mediante el arraigo social u obtener un permiso inicial. Es por ello que muchos extranjeros están dispuestos a todo, incluso a pagar grandes sumas de dinero, por conseguirlos. Y, como suele pasar siempre que algo es al mismo tiempo necesario y difícil de conseguir, el mercado paralelo se dispara. Un mercado negro de contratos para permanecer en el país que ya han detectado la policía y los sindicatos, que alertan de la proliferación de la venta de documentos de trabajo –en ocasiones auténticos, en ocasiones falsos– por los que los inmigrantes pagan hasta 6.000 euros.
"Se está convirtiendo en algo habitual que pequeños empresarios, administradores de empresas o incluso autónomos pidan dinero, cantidades de al menos 3.000 euros, por hacer un contrato de trabajo a un inmigrante", alerta una abogada especialista en extranjería. Estos deben ser, por ley, de al menos un año y de 40 horas semanales.
DISTINTOS MÉTODOS
El modus operandi es muy variado. Desde empresas que ponen en venta puestos que realmente existen y que están vacantes a sabiendas de la necesidad imperiosa que muchos inmigrantes tienen de esos contratos hasta espabilados que crean compañías con el único propósito de estafar con contratos falsos. La diferencia entre ambos casos es que, en el primero, el inmigrante obtiene la regularización, mientras que en el segundo, el más practicado, no consigue los papeles.
Según Gasán Saliba, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras, en el 2007, solo en Catalunya, recibieron 30 denuncias por estafas con contratos inexistentes. "Hay muchos más casos, pero la mayoría no denuncian", dice Saliba. "Son empresas montadas solo para vender contratos. Ni tienen actividad económica ni pagan impuestos", añade.
Este responsable sindical señala que la mayoría de las veces los inmigrantes entran en contacto con dichas empresas a través de un miembro de su propia comunidad: "Suele ser otro inmigrante el que les dice que hay una empresa que, a cambio de cierto dinero, les puede hacer un contrato de trabajo. Toda la estafa se hace a través de ese mediador. A él es a quien entregan el dinero los inmigrantes y es él quien les da el contrato falso. Son muy pocas las ocasiones que llegan a contactar con la empresa directamente", afirma.
En esos casos, lo que suele ocurrir es que la Administración deniega el permiso al inmigrante, pues la empresa con la que ha firmado el contrato o bien carece de actividad económica o bien tiene deudas con el fisco. "El inmigrante descubre entonces que le han estafado, pero como no tiene recibo y el intermediario ha volado, ya no puede hacer nada", explica Saliba.
En muchas ocasiones las empresas que venden el contrato ofrecen también –y, obviamente, cobrando– la tramitación de permisos. "Hemos detectado que, tras algunas empresas ficticias, hay gestorías y despachos de abogados que han visto el filón de los contratos", dice el responsable de inmigración de CCOO. Este hace un llamamiento a la Administración para que investigue de oficio cuando detecte empresas que, sin apenas actividad, hacen un gran número de contratos a inmigrantes.
Pero el perfil de los estafadores incluye un número creciente de foráneos dispuestos a aprovecharse de sus compatriotas. "Son extranjeros que han montado empresas y que venden esos contratos en sus países de origen", explican fuentes policiales que están investigando las estafas en Catalunya.
Como ejemplo ponen el caso de pequeñas empresas o comercios de extranjeros que, de pronto, empiezan a hacer decenas de contratos que venden en sus países. "En lugar de cobrarles directamente, les dicen que se van a ir cobrando el precio del contrato de sus sueldos", cuentan los agentes. "Al final no hay contrato y el empresario amenaza con despedir al inmigrante si este protesta", concluyen.
Antonio Baquero
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