La construcción crearía, o evitaría la destrucción, de unos 277.200 empleos si no se realizaran horas extras ilegales, que actualmente se cifran en 484 millones de horas al año, según la Federación Estatal de Construcción, Maderas y Afines (Fecoma).
Por ello, y dada la actual coyuntura de desaceleración y pérdida de puestos de trabajo en el sector, el sindicato exige que se cumpla la normativa vigente en materia de horas extras, que el actual convenio sectorial sitúa en un máximo de 1.746 horas anuales.
Asimismo, CC.OO. calcula que el sector contaría con otros 80.000 empleados (200.000 en los próximos cinco años) si se aceptara la propuesta que promueve, junto con UGT, de establecer en los 60 años la edad de jubilación de los trabajadores de la construcción expuestos a trabajos penosos o peligrosos.
Estas son dos de las medidas diseñadas por CC.OO. "para paliar el efecto en el empleo de la crisis en el sector de la construcción, consecuencia de la desaceleración económica".
Para el sindicato, los datos "respaldan" la perspectiva de que se trata de una crisis. Según recuerda en su revista interna ‘Construcción y Madera’, en enero se registró el mayor aumento de paro en el país de los últimos años (132.000 desempleados), de los que 9.000 correspondieron al sector de la construcción.
Aunque considera que la caída "sigue siendo suave", la formación sindical insta a establecer un plan que contribuya a paliar los efectos de la recesión, "antes de que las cifras de desempleo se vuelvan dramáticas".
Así, además del control de las horas extras y la limitación de la edad de jubilación, CC.OO estima "prioritario" consensuar un Plan Nacional de Vivienda por parte de todos los agentes implicados en el sector, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos, para incentivar la promoción de vivienda protegida en todas sus variantes.
De igual forma, para el sindicato es "imprescindible" poner en marcha un plan integral de rehabilitación de viviendas, dado que este tipo de trabajo sólo suponen el 3,5% del total de obras, en tanto que las necesidades de mejora de numerosos inmuebles en grandes ciudades y núcleos de población son "evidentes".
Además de estas medidas orientadas al subsector de la edificación, subraya la necesidad de "potenciar un plan que garantice una política de inversión constante en las obras públicas".
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