La mitad de los empleados inmigrantes de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) trabaja sin permiso o sin contrato laboral, según los datos de 2007 del Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE) de CC.OO. de Catalunya. Esta cifra es muy "similar" a la de 2006 y afecta principalmente a los sectores de la construcción y el servicio doméstico, según la organización.
A partir de la memoria de actividades del CITE, se desprende que el perfil mayoritario del trabajador inmigrante en el Baix Llobregat es el de "una mujer latinoamericana que trabaja en el servicio doméstico y que tiene entre 31 y 51 años; tiene la voluntad de arraigar y de traer a su familia, conoce el castellano pero no acaba de entender el catalán", según Toni Mora, responsable del CITE.
El centro recibió el año pasado un total de 3.466 usuarios, un 57% de los cuales, fueron mujeres, principalmente procedentes de Ecuador, Marruecos y Colombia. La mayoría de sus consultas estaban relacionadas con la obtención y renovación de permisos de residencia y de trabajo, y con los trámites para el reagrupamiento familiar.
Respecto a su situación legal, el 52% de los que trabajaban tenían autorización y contrato, mientras que el 44% no tenían autorización y el 4% tenían autorización pero no contrato. Según Toni Mora, "el nivel de personas en situación irregular no ha cambiado, por lo que parece que los efectos de la regularización extraordinaria de 2005 ya han desaparecido y hay un porcentaje de personas que mediante el arraigo laboral o social no se han acabado de regularizar".
El responsable del CITE alertó de que "en el servicio doméstico continúa habiendo mucho trabajo irregular y situaciones de explotación, mientras que en el sector de la construcción se vive un momento delicado que puede afectar a muchos inmigrantes con un nivel bajo de formación a los que habrá que facilitar una reubicación".
En cuanto al conocimiento del catalán, el 43% de los usuarios del CITE no lo entienden, mientras que el 90% entiende, lee y escribe el castellano. Toni Mora reclamó a las administraciones públicas "que apuesten porque la lengua catalana sea más accesible y que haya una mayor flexibilidad de horarios en las clases".
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