Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán este viernes, 8 de enero, para iniciar una nueva negociación con el objetivo de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que están acogidas, con datos a cierre de diciembre de 2020, más de 755.610 personas, cifra que está lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en el mes de abril.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya dijo que convocaría a los agentes sociales después de Reyes para abordar esta negociación y remarcó que iba a instar a que no se agotasen los plazos de negociación. De hecho, pidió que la negociación no fuese más allá del 15 de enero.
Asimismo, dijo que los ERTE eran una herramienta que estaba «funcionando muy bien» y que se han dotado de una «enorme flexibilidad», aunque apuntó que le gustaría pedir que «haya más simplicidad».
Esta semana, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó que no se esperan «enormes cambios» en la negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo. De hecho, dejó claro que los ERTE «se han venido trabajando y adaptando» y apuntó que las piezas clave «están ya muy consolidadas».
«Seguramente intentemos trabajar en una línea de simplicidad de la gestión de estos elementos de empleo y sus elementos centrales, pero el modelo no puede ser objeto de revisión, porque está constatado su buen funcionamiento en los meses que llevamos», apostilló.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, señaló que el modelo de los ERTE es «exitoso» y que «lógicamente tendrá que ser objeto de cambios, pero que estos serán paramétricos o de matiz». «Es un modelo que ha ido tendiendo a la focalización y creo que en esta línea vamos a trabajar», añadió.
Gobierno, sindicatos y empresarios coinciden en que sigue necesitándose esta herramienta, sobre todo para sectores que no han podido recuperar su actividad plenamente, como el turístico, o que se están viendo sometidos a restricciones para frenar los contagios de Covid, como la hostelería o el comercio.
De hecho, el plan de rescate de apoyo a la hostelería, el comercio y el turismo, que aprobó el Gobierno hace unas semanas, amplió el número de sectores «ultraprotegidos» por los ERTE a varias actividades, entre ellas el comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales, los establecimientos de bebidas y las actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y casas de apuestas).
La regulación actual de los ERTE estará vigente hasta el próximo 31 de enero y los empresarios llevan tiempo pidiendo extender la siguiente prórroga al menos hasta que finalice el estado de alarma decretado en España (9 de mayo). Desde los ministerios de Trabajo y Seguridad Social no se habla de plazos y se limitan a asegurar que los ERTE se mantendrán hasta que sea necesario.
Costó mucho firmar la prórroga hasta enero, sobre todo por las diferencias que existían entre la patronal y algunos miembros del Gobierno en torno a los sectores a proteger por los ERTE. Al final se consiguió un acuerdo casi en el tiempo de descuento que se llevó en forma de decreto al Consejo de Ministros.
Dicho decreto, aprobado a finales de septiembre, extendía hasta el 31 de enero de manera automática los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y creaba dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.
Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.
En el caso de las nuevas modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.
Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%.
Está por ver si en la nueva prórroga se mantendrá este esquema de ERTE y si se producirán más cambios en la lista de actividades CNAE, aunque a la vista de las actuaciones de las comunidades autónomas para frenar los contagios seguirán necesitándose instrumentos para proteger a trabajadores y empresas afectados por limitaciones e impedimentos de su actividad.
Trabajadores en ERTE
Según datos de la Seguridad Social, el número de trabajadores en ERTE cerró el mes de diciembre en 755.613 personas, lo que supone 8.033 trabajadores más que en noviembre.
Desde el momento más duro de la crisis, a finales de abril, el número de personas en ERTE se ha reducido en 2,8 millones, lo que supone que a cierre de 2020 los afectados por ERTE eran un 79% menos de los que había en abril.
El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha destacado que esta cifra de 755.613 trabajadores en ERTE supone mantener la senda de «estabilización» iniciada en el mes de septiembre pese a las restricciones administrativas que se adoptaron para contener la segunda ola de la pandemia.
De media, según la serie por fecha de alta, en el mes de diciembre hubo 782.915 personas en ERTE, frente a las 865.677 de la serie revisada del mes anterior y las 676.905 del mes de octubre.
SMI
El pasado 29 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año 2020, el Gobierno decidió prorrogar, a petición del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el real decreto por el cual se estableció una subida del 5,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 950 euros mensuales por catorce pagas.
La intención era la de darle más margen a la negociación del diálogo social para acordar cuál debe ser la evolución del SMI este nuevo año.
Así, con la prórroga se garantiza la seguridad jurídica y se da continuidad a la función del salario mínimo como garantía salarial para las personas trabajadoras, que gracias a extensión continuarán protegidas.
Está por ver si los agentes sociales y el Gobierno acercarán posturas este viernes, en el que será el primer encuentro del diálogo social del año. La ministra dejó claro la semana pasada que le daba «un poco de tristeza» que se estuviese discutiendo por 30 céntimos al día, aunque la patronal siguió insistiendo en que no era el momento de subir salarios y sindicatos instaban a subir los sueldos mínimo lo que lo han hecho los salarios de funcionarios y pensiones (+0,9%).
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